La acuicultura marina ha sido identificada por el Gobierno marroquí como un vector prioritario de crecimiento azul, con un fuerte potencial de creación de empleo, diversificación económica y refuerzo de la seguridad alimentaria. En los últimos años, Marruecos ha impulsado una agenda sostenida de inversiones, planificación territorial y modernización normativa para consolidar su liderazgo regional en producción acuícola.
En este contexto, el Consejo Nacional de Acuicultura Marina (CNAM) celebró este lunes en Rabat su tercera sesión, presidida por Zakia Driouich, secretaria de Estado encargada de Asuntos Marítimos. La reunión estuvo dedicada a evaluar el avance regulatorio del sector y a definir los pasos necesarios para garantizar la plena aplicación de la Ley n.º 84-21, que desde 2022 constituye el marco jurídico específico de la acuicultura en Marruecos.
Durante la sesión, se presentaron los progresos realizados en la redacción de diversos textos normativos de aplicación, considerados esenciales para asegurar una gobernanza moderna, transparente y alineada con las exigencias sanitarias, ambientales y económicas del sector. Según expuso la Secretaría de Estado, estos desarrollos legislativos permitirán “consolidar el posicionamiento estratégico del Reino en la acuicultura marina” y reforzar su contribución a la seguridad y la soberanía alimentarias.
Entre las conclusiones más destacadas del encuentro figura la validación del procedimiento nacional para la elaboración de los Planes Regionales de Gestión de la Acuicultura, herramienta clave para ordenar la actividad en cada zona marítima. Con ello, el CNAM confirma la necesidad de una planificación equilibrada que defina capacidades de carga, áreas aptas para explotación y parámetros de control ambiental.
Asimismo, el Consejo respaldó la presentación del proyecto de decreto relativo al canon de acuicultura, junto con su reglamento de aplicación, cuyo objetivo es establecer un sistema claro y equitativo de gestión de las explotaciones. Este instrumento económico se concibe como un elemento central para garantizar transparencia en el acceso y uso del espacio marítimo destinado a actividades acuícolas.
La sesión también concluyó con el avance de tres textos técnicos esenciales para aplicar la Ley 84-21: La definición del personal autorizado para supervisar y denunciar infracciones en el sector; el procedimiento oficial de toma de muestras y recopilación de datos para asegurar la monitorización sanitaria y ambiental; y el marco operativo para la destrucción de productos acuícolas decomisados que no cumplan las normas de seguridad alimentaria.
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