Durante décadas, la acuicultura ha avanzado impulsada por la innovación tecnológica, la eficiencia productiva y el control ambiental. Sin embargo, en un contexto de comunidades más exigentes, mercados más regulados y finanzas cada vez más orientadas a la sostenibilidad, estos factores ya no bastan. Hoy, el futuro del sector depende de su capacidad para demostrar —con datos verificables— el valor que aporta a las sociedades donde opera.
Tres herramientas se han convertido en esenciales para esta nueva etapa: la Licencia Social para Operar (LSO), el Análisis de Ciclo de Vida Social (S-LCA) y el Retorno Social de la Inversión (SROI). Juntas forman el trípode sobre el que se sostiene la legitimidad social y económica de la acuicultura contemporánea.
La Licencia Social para Operar no es un documento ni un trámite administrativo, sino la aceptación —explícita o implícita— de la comunidad hacia una actividad económica. En el caso de la acuicultura, este permiso es especialmente delicado porque afecta el paisaje, el empleo, el uso del agua y la percepción del territorio. Hoy, las comunidades costeras y rurales son más activas, influyentes e informadas. Y cuando sienten que una actividad no las beneficia o las excluye, la respuesta es inmediata: protestas, presiones políticas, moratorias, judicialización o rechazo social prolongado.
La Licencia Social para Operar se ha convertido en un activo intangible pero crítico: los proyectos se retrasan o bloquean, las empresas pierden reputación, aumenta el coste regulatorio y se dificulta el acceso a financiación. Por eso, la licencia social no se gestiona con comunicación corporativa —aunque muchos aún lo intentan—, sino con participación real, evidencia de beneficios locales y transparencia integral.
El Análisis de Ciclo de Vida Social ayuda a entender el impacto social de principio a fin y evalúa, entre otros aspectos, las condiciones laborales, la seguridad y la salud, la equidad de género, la contribución al empleo local y la interacción con comunidades vulnerables.
El tercero de los pilares es el Retorno Social de la Inversión, capaz de medir el impacto social en euros y monetizar la cohesión comunitaria, la mejora de la empleabilidad, la fijación de población en zonas rurales o la reducción de desigualdades.
Ya no basta con producir más y mejor; también hay que demostrar la contribución de la acuicultura al bienestar social y al desarrollo sostenible de los territorios.
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