Perú busca a través de un nuevo marco normativo regularizar a más de 10 000 pequeños productores acuícolas

La dirección general de Acuicultura del Ministerio de la Producción peruano está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y de la Autoridad Nacional del Agua, en la implantación de un nuevo marco normativo para la regularización de pequeños productores dedicados a la acuicultura de recursos limitados (AREL) y de micro y pequeña empresa (AMYPE).

Esta normativa, según explicaron los distintos representantes de la administración peruana durante una jornada virtual de lanzamiento de las normas que regulan el otorgamiento de los recursos del agua para acuicultura, busca “simplificar los trámites, reducir los plazos y establecer la gratuidad de los mismos” con la intención de sacar de la informalidad a más de 10 000 unidades productivas en todo el país.

En una primera fase de la implantación de este marco normativo, según señaló la viceministra de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, Úrsula León Chempén, se está trabajando en la información de los representantes de los gobiernos regionales y los usuarios acuícolas sobre cómo gestionar los procedimientos de acceso a la actividad. Como señaló Úrsula León, tanto el Ministerio de la Producción como el de Desarrollo Agrario y Riego están comprometidos con el “impulso” de una acuicultura sostenible, inclusiva e innovadora para que contribuya al desarrollo económico del país y la seguridad alimentaria.

La acuicultura peruana, como expuso durante su intervención David Mendoza Ramírez, director general de Acuicultura del Ministerio de Producción, está presente en todo el territorio nacional y tiene un peso cada vez más relevante en el PIB pesquero y acuícola nacional, donde ya alcanza el 24,1%.

Los datos aportados por Mendoza apuntan a producciones en volumen de 141 200 toneladas agrupadas en cuatro especies principales: trucha, concha de abanico, langostino y tilapia, y el equivalente a 347 millones de soles (76,23 millones de euros) en valor. Se trata, de un sector claramente orientado a la pequeña producción donde, de las 12 281 unidades productivas existentes, el 98,2% de éstas se encuadran entre las categorías AREL y AMYPE.

Como señaló el director general de acuicultura, los pequeños productores se han venido enfrentando hasta ahora a problemas relacionados con la complejidad de los trámites, la demora de los trámites y los costes relacionados con la inspección técnica. Esta normativa busca reducir todas esas barreras administrativas para incorporar a más usuarios a la formalidad.

En la parte final del encuentro, Santos Núñez, representante de la Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua expuso a la audiencia los detalles generales y específicos del decreto supremo 006-2021-MIDAGRI y la resolución jefatural 107-2021-ANA por la que se exponen quienes son los beneficiarios, el ámbito de aplicación, los criterios, los plazos a seguir y las etapas hasta que se obtiene una resolución administrativa de derecho de uso del agua.

Más información:

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