Rosa Quintana se reúne con la Confederación Mar-Industria de Galicia

Xunta reunión abril 2022 complejo mar-industria

Durante la reunión | Xunta

La conselleira del Mar de Galicia, Rosa Quintana y representantes de la Confederación Mar – Industria Alimentaria para analizar con “preocupación” el último informe remitido por el Gobierno central respecto a las concesiones en la costa, particularmente en el plan especial de Cambados que cuestiona la presencia en terrenos portuarios de actividades tradicionalmente permitidas como la acuicultura o la depuración de productos del mar, así como de otras edificaciones como plazas de abastos, centros de salud o colegios.

El informe de Costas sobre el plan especial de Cambados representa, a juicio de la Conselleira, “un nuevo ataque al complejo mar-industria de Galicia” pues parece invadir competencias de la comunidad, algo que calificó de “totalmente inaceptable y desleal”.

Una vez más, la conselleira aseguró que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo del Estado generan “inseguridad jurídica” en el sector ya quue hacen una interpretación restrictiva de la normativa vigente sobre las zonas portuarias “aunque no ha habido ningún cambio regulatorio en los últimos años”.

También pretende aplicar la Ley de Costas en los muelles autonómicos, lo que invadiría competencias al interferir en la gestión y explotación de los servicios portuarios, algo de competencia exclusiva de la comunidad autónoma. “Galicia es responsable del uso, explotación y gestión del dominio público en los muelles regionales, tal y como establece la Constitución, el Real Decreto de Traspaso de 1982 y la Ley de Puertos de Galicia, y este informe parece querer usurpar esas competencias” aseguró Rosa Quintana.

El procedimiento del Estado en este caso, ha señalado, es similar al mostrado hace unas semanas con un informe sobre la instalación de una granja de salmones en Burela, en el que denegó su autorización arrogándose facultades que no le son propias.

Rosa Quintana, que estuvo acompañada de las secretarias generales técnicas de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Carmen Bouso, y del Mar, Silvia Cortiñas, así como de la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, lamentó que la actuación del Estado en este caso se enmarca en el “continuo e injustificado ataque lanzado hace varios años por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico contra Galicia y su compleja mar-industria”.

La titular de la Consellería del Mar advirtió a los representantes del sector que parece que Costas del Estado avanza en su intención de retirar del litoral gran parte de las edificaciones ubicadas en él, no sólo del dominio público marítimo-terrestre natural sino también en el puerto.

Quintana recordó que la comunidad lleva más de tres años denunciando que los planes del Ejecutivo Central “con estas interpretaciones restrictivas y exageradas del reglamento, la nueva Ley de Cambio Climático y la modificación del reglamento general de Costas” que ponen en peligro a más de un centenar de empresas asentadas en el litoral y otros 4.000 edificios entre centros de salud o colegios.

Por ello, la consejera trasladó a la Confederación de la Industria del Mar su compromiso de seguir defendiendo los intereses del sector y de toda Galicia ante todas las instancias.

En este sentido, ha recordado que la Xunta ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Cambio Climático, una vez falló la Comisión Bilateral con el Estado, norma que el Gobierno central se vio obligado a modificar antes de su aprobación definitiva a raíz de un informe del Consejo Consultivo de Galicia que concluyó que algunos de sus artículos eran inconstitucionales.

El representante del Ejecutivo gallego ha destacado que este tema es de vital importancia para la comunidad porque peligra el futuro de las instalaciones del sector marítimo-pesquero fundamentales para la economía gallega y también de otros edificios sociales vitales para todos los ciudadanos.