El reciente anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía para adquirir gran parte de la finca Veta La Palma en Coria del Río, Sevilla, deja sin efecto un contrato por importe de 140.167,26 euros para la recuperación de la cerdeta pardilla (Marmoronetta angustirostris), un ave en peligro de extinción en Europa.
La decisión, como figura en el portal de contratación de la Junta se adopta a partir de un informe de 10 de octubre de la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad que considera que con la adquisición de la finca Veta La Palma por parte de la administración autonómica “está supeditada” a la experiencia del propietario de los terrenos, Pesquerías Isla Mayor, en el manejo del agua.
Como señalan desde la Junta, “al no poder contar con toda la infraestructura de manejo hídrica de la explotación, así como la gran experiencia de las que disponía Pesquerías Isla Mayor para manejar los recursos hídricos, no se va a poder asegurar la efectividad y la continuidad de las inversiones que se pretenden realizar".
La obra prevista por la Agencia de Medio Ambiente era "la restauración de una balsa de acuicultura aterrada y sin uso de unas 45 hectáreas y la adecuación de canales circundantes para asegurar el flujo hídrico y crear así un hábitat adecuado para la cerceta pardilla".
En la justificación de la negativa a continuar con el contrato se explicaba que la pretensión era "asegurar el bombeo de agua y garantizar la permanencia del circuito de agua a dicha balsa" y que para ello se preveía "la electrificación de una estación de bombeo auxiliar mediante un pequeño campo solar, un proyecto de la Consejería previsto en este mismo LIFE que está a punto de iniciar su tramitación".
Estaba previsto con la Agencia de Medio Ambiente vallar una zona de 35 hectáreas de marisma natural para limitar la presencia de ganado y gestionarla para así facilitar su inundación durante las mareas de mayor coeficiente con las aguas procedentes de los canales de desagüe de las balsas de explotación acuícola.
Sin este manejo activo del agua y la colaboración de la explotación acuícola de Pesquerías Isla Mayor, señalan, “la efectividad de las actuaciones previstas para la conservación de la Cerceta pardilla está muy comprometidas".
La decisión, que rubrica el director de Amaya, Javier Marcial de Torre, se fundamenta en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que prevé la posibilidad de no adjudicar un contrato "por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente".