
La acuicultura valenciana cuenta desde este mes con un marco legal propio en materia de sanidad animal, algo inédito hasta ahora. El Consell ha aprobado el Decreto 82/2025, publicado el 9 de junio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que desarrolla una batería de medidas para reforzar el control sanitario, la bioseguridad y el bienestar animal tanto en explotaciones ganaderas como acuícolas.
Por primera vez, las instalaciones de acuicultura quedan incluidas de forma expresa en la normativa autonómica, tal y como exige el Reglamento (UE) 2016/429 sobre enfermedades transmisibles. A partir de ahora, todas las explotaciones acuícolas que deban registrarse, según establece la Ley 5/2017 de pesca marítima y acuicultura, estarán obligadas a contar con una autorización sanitaria previa, que será imprescindible para su inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA).
Esta autorización dependerá de un informe favorable del servicio veterinario oficial y deberá cumplir los requisitos definidos en el artículo 181 del citado reglamento europeo y su desarrollo posterior (Reglamento delegado 2020/691). Esto se aplicará tanto a centros de producción como a instalaciones de cultivo en tierra o mar abierto.
El decreto contempla además la posibilidad de conceder calificaciones sanitarias a los compartimentos acuícolas, al igual que ocurre con las explotaciones ganaderas. Esto permitirá reconocer oficialmente el estatus sanitario de zonas o instalaciones que cumplan los programas de vigilancia, control o erradicación de enfermedades, facilitando el movimiento de animales y productos dentro y fuera de la Comunitat.
En ese sentido, las instalaciones acuícolas podrán integrarse en redes de vigilancia epidemiológica reconocidas por la administración, siempre que reúnan los requisitos técnicos, humanos y de cobertura territorial. Estas redes actuarán como sistemas de alerta temprana y permitirán a los servicios oficiales actuar con mayor rapidez ante cualquier sospecha o brote sanitario.
El nuevo decreto también refuerza las medidas de bioseguridad, que deberán aplicarse de forma proporcional al tipo de explotación. Para ello, la Conselleria establecerá calificaciones sanitarias específicas vinculadas al nivel de bioseguridad alcanzado. Además, se crean herramientas como la Oficina Virtual Veterinaria (OVV), una plataforma digital que facilitará la tramitación electrónica de procedimientos y el acceso a registros oficiales.
Por último, el decreto detalla los procedimientos de notificación obligatoria de enfermedades, tanto en explotaciones como en laboratorios, y fija un plazo máximo de 24 horas para informar sobre cualquier sospecha que afecte a la sanidad animal o la salud pública.
Con la entrada en vigor del Decreto 82/2025, la acuicultura valenciana gana en seguridad jurídica y adaptación al marco europeo, reforzando el papel de los operadores acuícolas en la prevención y gestión sanitaria. Esta medida, largamente demandada por el sector, consolida un entorno normativo más claro y alineado con los estándares comunitarios, y abre la puerta a una gestión más integrada y profesional de la sanidad en el ámbito acuícola.