Una condena penal por robo vuelve a poner el foco en la seguridad de las instalaciones acuícolas

Lorca, 9/02/2026 | Dos personas son condenadas a 3 meses y un día de prisión y pago de 4.500 euros por hurto de 480 kilos de lubinas

Agentes Seprona precintando pescado acuicultura

foto archivo

La seguridad de las instalaciones acuícolas vuelve a situarse en el centro del debate tras la reciente condena a dos hombres por el hurto de 480 kilos de lubina en una piscifactoría situada en la isla del Fraile, en Águilas (Murcia). El juzgado de lo penal de Lorca ha impuesto penas de tres meses y un día de prisión, además del pago de 4.500 euros de indemnización y las costas procesales.

Los hechos se produjeron de madrugada, cuando los condenados manipularon las redes de la instalación y sustrajeron el pescado mediante artes de arrastre. El reconocimiento de los hechos permitió dictar una sentencia firme de conformidad entre defensa y fiscalía.

Aunque el volumen sustraído pueda parecer limitado, el robo de pescado en granja va mucho más allá de la pérdida directa de biomasa. Este tipo de incidentes suele conllevar daños en redes y estructuras, con costes de reparación elevados, estrés y mortalidad indirecta de peces restantes, riesgos sanitarios al comprometer a los peces que quedan y pérdida de trazabilidad.

En sistemas marinos, especialmente en instalaciones costeras o de fácil acceso, estos episodios no son excepcionales y su frecuencia suele estar infraestimada, ya que no siempre derivan en denuncias o procesos judiciales.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que la justicia reconoce el hurto en piscifactoría como un delito penal, con consecuencias personales para los autores.

Los hurtos de pescado tanto en las granjas en mar abierto como en los esteros de la Bahía de Cádiz son una de las causas que han puesto en cuestión la viabilidad económica de este modelo productivo, o que obligan a asumir costes adicionales de vigilancia que reducen la rentabilidad de las empresas. El caso de Águilas vuelve a evidenciar la necesidad de abordar la seguridad como un elemento estructural de la gestión acuícola, y no como un factor accesorio.