POLÍTICA

Xunta de Galicia recurrirá ante el Tribunal Supremo la reforma del reglamento de Costas

Santiago de Compostela 14/09/2022 | Además pide las competencias en la gestión del dominio público marítimo terrestre

Representantes de la Xunta y del Complejo mar-industria

La Xunta de Galicia recurrirá ante el Tribunal Supremo la reforma del reglamento de Costas para “mantener la actividad económica y garantizar el empleo en el litoral gallego”.

Así lo trasladaron ayer las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez y del Mar, Rosa Quintana a los representantes de la cadena mar-industria.

A juicio de la conselleira Ángeles Vázquez, el Gobierno quiere expulsar de la costa toda actividad social y económica, que se confirma con el hecho de que “se elimine la posibilidad de prórroga extraordinaria de todas las concesiones de actividades económicas y quue establece una duración máxima de 30 años para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre”.

Por su parte, Rosa Quintana advirtió que todas las empresas del complejo mar-industria asentadas en terrenos de dominio-público marítimo-terrestre se van a encontrar con dificultades para renovar las concesiones cuando se les agoten las vigentes”.

Por eso, confirmaron que se va a presentar un recurso para “frenar el ataque del Gobierno central contra las instalaciones en el litoral, dado el escenario preocupante que genera esta nueva normativa, aún más restrictiva que la modificación de la duración de las concesiones introducidas por la Ley de Cambio Climático”.

Las representantes de la Xunta lamentaron “los constantes e injustificados ataques del Gobierno Central contra la cadena mar-industria de Galicia y criticó que en las medidas que adopta no tiene en cuenta los perjuicios que pueden causar al sector y a la comunidad como conjunto, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social”. Por ello, insistieron “la Xunta debe tener las competencias de gestión del dominio público marítimo-terrestre gallego porque es quien mejor conoce las distintas actividades que se desarrollan en su litoral y sus especificidades”.

Entre los sectores más afectados por la deriva del Gobierno se encuentran las empresas de acuicultura, los depuradores y las plantas de conservas.

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