La Unión Europea lleva más de una década repitiendo el mismo diagnóstico: necesita producir más pescado y marisco si quiere reforzar su seguridad alimentaria, reducir su dependencia exterior y cumplir sus compromisos ambientales. Sin embargo, los resultados no acompañan al discurso. La producción acuícola europea sigue estancada, mientras las importaciones de productos acuáticos procedentes de terceros países no dejan de crecer.
Un nuevo informe del Parlamento Europeo pone cifras y contexto a esta contradicción estructural —y apunta a un problema de fondo que va más allá de la competitividad de las granjas—: la UE exige a sus productores estándares ambientales y sociales que no aplica con la misma intensidad a los productos que importa.
Según el estudio, la UE depende ya de importaciones extra-comunitarias para cubrir más del 70 % de su consumo de productos pesqueros y acuícolas. En especies clave para el mercado europeo —como la lubina, la dorada o el mejillón—, los productos importados procedentes de países como Turquía o Chile compiten directamente con la producción europea en precio y volumen.
El problema no está solo en que estos países terceros tienen costes de producción más bajos, sino de un marco regulatorio asimétrico. Mientras los productores europeos operan bajo normas estrictas en materia ambiental, laboral y de trazabilidad, buena parte de esas exigencias no se trasladan de forma efectiva al producto importado.
El caso de la lubina y la dorada turcas es ilustrativo. El estudio compara costes y precios y concluye que, incluso cuando la eficiencia productiva es comparable, los productores europeos parten con desventaja debido a mayores costes laborales, exigencias ambientales más estrictas, y procesos administrativos más largos y complejos.
Aun así, la UE no dispone de herramientas de mercado suficientemente desarrolladas para diferenciar esos estándares ante el consumidor.
Las normas de comercialización vigentes se centran en tamaño y frescura, pero no incorporan criterios ambientales o sociales, lo que impide que el mayor esfuerzo regulatorio europeo se traduzca en valor de mercado.
El etiquetado como problema
El informe identifica uno de los grandes vacíos de la política europea: la falta de un sistema de etiquetado que informe de forma clara sobre los estándares de producción.
Aunque la reciente reforma del Reglamento de Control y la futura obligatoriedad del sistema digital CATCH a partir de 2026 mejorarán la trazabilidad administrativa, el propio Parlamento reconoce que esa información no llega al consumidor final de forma comprensible.
El resultado es un mercado donde el producto europeo compite en igualdad aparente con importaciones producidas bajo condiciones muy diferentes.
El informe dedica un capítulo específico a la innovación —offshore, sistemas RAS, nuevas tecnologías— y reconoce su potencial para reforzar la autonomía productiva europea. Sin embargo, introduce una advertencia poco habitual en este tipo de documentos: la innovación no puede utilizarse como excusa para evitar decisiones de política comercial.
Mover el mejillón mar adentro o escalar sistemas RAS puede mejorar la resiliencia productiva, pero no resolverá por sí solo una competencia desalineada en estándares.
El informe considera que la UE cae en la incoherencia al defender simultáneamente una acuicultura de alto estándar, una fuerte dependencia de importaciones baratas, y una política comercial sin mecanismos correctores.
Sin una coherencia real entre política alimentaria, ambiental y comercial, la autosuficiencia seguirá siendo un concepto teórico más que un objetivo alcanzable.
Por eso, el Parlamento propone avanzar hacia criterios de sostenibilidad aplicables a importaciones, estándares de mercado que reflejen condiciones de producción, y una política de inversión coordinada y de largo plazo.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Está dispuesta la UE a asumir las consecuencias políticas y comerciales de esta coherencia?
