Cerdeña (Italia) 04/10/2013 – La amenaza en Italia sobre el aumento de un antiguo canon estatal sobre la actividad piscícola y el dominio marítimo ha puesto en pie de guerra a los productores acuícolas, tanto por el incremento que supone, como porque se consideran discriminatoria la aplicación entre las propias concesiones del sector, diferenciando entre empresas o cooperativas.
El aumento previsto para 2014, según lo indicado por el representante de Coldiretti Impresapesca, Mauro Manca les obligará a pasar del pago de 500 euros actuales por concesión a 300.000 euros, una cifra “imposible de sostener”, para un sector que alcanza en valor los 400 millones de euros en Italia.
Además, señala Manca, se establece una discriminación inconstitucional, reconocida por la propia autoridad de la Competencia, ya que se obliga a una empresa a abonar el canon y exime del mismo a las cooperativas, el cual no se aplica por parte de la administración local “para evitar consecuencias graves”.
Como medida de protesta, el empresario Mauro Manca, titular de la empresa Maricultura Alghero, se encadenó la pasada semana a una de las jaulas de su granja, situada en el Golfo de Alguero, a 1,5 kilómetros de la costa de Cerdeña en mar abierto.
Coldiretti, señaló Manca, pide al Estado que se restaure un “canon sostenible” para la actividad, en línea al que se paga en otros países, “para salvar a las empresas de Cerdeña”. “Yo no pido dinero, sino garantías para el futuro con el fin de seguir trabajando”, señaló el productor. En total son 11 empresas las que están produciendo en la isla 2.000 toneladas de dorada, lubina, anguila y mújol, con una facturación de 16 a 18 millones y 150 empleados.
Aún así, señaló Manca, “podría ser más del doble”, ya que la inseguridad jurídica ha provocado la desaparición de algunas empresas o la producción mínima en otras a la espera de conocer que sucederá con sus concesiones.
El productor se lamentan de la dejación que está haciendo la política italiana hacia la actividad y comparan cómo éstos mismos políticos sí se han movilizado a favor de aplicar una prórroga para salvar los sectores de la navegación y los establecimientos de baño hasta 2020, y ello, señalan, “a pesar de la oposición de la Unión Europea, que ha pedido a Italia hacer cumplir las disposiciones de la Directiva Bolkestein”.
Finalmente lamentan que las autoridades estén obviando las recomendaciones europeas para potenciar la acuicultura, que ha demostrado ser “la única manera de revertir la creciente dependencia de las importaciones italianas, que ya suponen el 76 por ciento del pescado consumido”.
Por el contrario, critican, la actividad se ve obstaculizada por la falta de certeza y una grave falta de normas que permiten su desarrollo y ponen en riesgo todo el trabajo realizado en Italia para crear, a través de Coldiretti, experiencias piloto de venta de pescado italiano a través de la Campaña Amiga.
En este sentido, los eurodiputados Sergio Gaetano (S&D) y Guido Milana (S&D) dirigieron en mayo una pregunta a la Comisión Europea sobre las concesiones del Estado para el ejercicio de las actividades acuícolas, para que esta actividad sea considerada producción primaria, en la misma categoría de la agricultura, protegiendo de esta manera la inversión y el empleo.

