Luxemburgo 15/10/2014 – La que es todavía Comisaria de Pesca de la Comisión Europea, María Damanaki ha instado a los Estados miembros a actuar con urgencia contra el embargo de Rusia a las exportaciones de los productos pesqueros de la Unión Europea (UE).
María Damanaki considera necesario el almacenamiento de pescado de acuicultura y otras especies de la pesca extractiva a través de un “procedimiento excepcional” para aquellas especies que no se encuentran en el anexo II del Reglamento de mercados OCM.
Para ello, ha propuesto que se haga uso del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP) para ayudas a las organizaciones de productores para que puedan almacenar sus productos hasta que puedan derivarlos a nuevos mercados.
Esta propuesta fue realizada durante el Consejo de Ministros celebrado ayer en Luxemburgo y en el que España participó.
Entre las medidas, y en base a las propuestas de los científicos, el almacenamiento de la cuota de ciertas pesquerías podría tener efectos significativos sobre la sostenibilidad de la especie en cuestión. En este sentido indicó que espera que los Ministros accedan a aplazar hasta el 30 por ciento de las cuotas pesqueras de algunas especies hasta 2015 para ayudar al sector y la sostenibilidad. Esta solicitud se hizo atendiendo a criterios científicos.
Ese aplazamiento de las cuotas beneficiaría en particular a la flota pelágica de Holanda, Dinamarca, Reino Unido y otros países.
La sesión de pesca está pronta al final. Por eso necesitamos con urgencia sobre la posibilidad de realizar ciertas transferencias. La pelota está ahora en el tejado de los Gobiernos de la UE para tomar la decisión.
Los productos pesqueros afectados por el veto ruso son ciertas especies de pescado vivo, fresco, congelado, salado, macerado y ahumado, así como los moluscos y crustáceos.
Los principales países de la Unión que exportaron a Rusia en 2013 los productos en cuestión fueron Dinamarca, Letonia, Reino Unido, Irlanda, Estonia, España y Francia.
Ese año, el valor total de las exportaciones de los productos pesqueros afectados por el veto fue de unos 144 millones de euros.

