Felanixt (Mallorca) 28/09/2015 - Ya ocurrió en Tenerife, más tarde en Alicante y ahora ocurre en Mallorca, el conflicto de intereses por los usos del litoral de hoteleros y pescadores, termina arrastrando a otros colectivo vecinales hacia el rechazo de las granjas de acuicultura en mar abierto, así se encuentren a una milla de la costa, cumplan con todos los estudios medioambientales pertinentes y sean prácticamente invisibles a la vista.
En esta ocasión la oposición al proyecto de acuicultura en mar abierto viene de la parte de los políticos locales, hosteleros y pescadores de Felanitx que, en pleno municipal, han emitido un comunicado de rechazo y amenazan con movilizaciones.
Y eso que los argumentos siempre son los mismos y sin base científica, es decir, que “la contaminación por el alimento y los excrementos de los peces terminará afectando nuestras playas y por tanto a nuestro turismo”. Eso es poco más o menos lo que venía ha publicarse la pasada semana, en un artículo con cierto tufillo tendencioso en el periódico local Última Hora.
Los hoteleros, al igual que en Tenerife, son un Lobbie muy potente que termina imponiendo su Ley. Aunque no sean capaces de ver más allá de sus narices que en la acuicultura hay una oportunidad para diversificar su agotado sistema de negocio basado en el sol y playa.
No existe ningún estudio en España que haya identificado la presencia de granjas marinas con un perjuicio para el turismo. Al contrario, existen casos en los que se ha podido convertir en un atractivo. Dentro de estos casos, el más llamativo es el de TunaTour en Tarragona, en el que los turistas pueden nadar entre atunes, tomar fotografías y pasar un día de asueto en el mar.
Primero se posicionan en contra, y después se organizan para pedir nuevos informes “más exhaustivos y de diferentes organismos”, una contradicción en toda regla ya que lo lógico hubiera sido al revés, primero la base científica y después la exigencia de medidas. A lo que hay que añadir que ni siquiera saben a quienes les van a solicitar los citados informes. Además, dando por hecho que los realizados se van a posicionar a su favor.
Los pescadores, son otro colectivo en contra, como viene siendo habitual en este tipo de situaciones ven con recelo una instalación en lo que ellos consideran su coto privado de caza.
Todos quieren la sostenibilidad ambiental y de los recursos, pero nadie quiere una granja de acuicultura “a las puertas de su costa”. El desconocimiento hacia la actividad sigue siendo mayúsculo y pone de manifiesto la falta de mecanismos para contrarrestar esta información engañosa y falta de base científica para rechazarla.
Al margen de lo mencionado, en dicho artículo se vierten ciertas amenazas gratuitas al estilo “somos 18.000 contra uno”, “miraremos con lupa cada uno de los pasos que dé el propietario en el caso de que lo intentara alquilar, ceder, cambiar el uso de la actividad,...”, que más bien parecen ser un ajuste de cuentas, como si ellos fueran los garantes de la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, o los que deciden el uso empresarial que de la autorización vaya a hacer el promotor.
El sector debería disponer de un mecanismo de actuación acorde a este tipo de amenazas ya que no son aisladas y, si no se les pone remedio, seguirán afectando al futuro de la actividad.
Está claro que las acciones por parte del sector y las Administraciones que se están llevando son insuficientes, están mal planteadas, o simplemente no sirven. Hay que renovar las instituciones encargadas de dar más visibilidad a la acuicultura o cambiarlas, ya que los recursos son escasos y el tiempo que se está perdiendo es muy valioso.
La irracionalidad lleva instalada en parte de la sociedad hacia esta actividad desde sus inicios. Algunos de los que leen este artículo ya habrán pasado por algo parecido y otros pasarán por ello si no se le pone remedio a esto. Al final la conclusión a la que uno llega es que el empresario acuícola se ve “sólo ante el peligro”.
Lo único positivo de todo esto es que el proyecto cumple con todos los requisitos para llevarse a cabo y, por tanto, la concesión está lista para su puesta en marcha.

