Javier Ojeda (izq) y Carlos Rendón (centro) de APROMAR, conversan informalmente con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas | Foto archivo @misPeces
Los productores españoles se sienten discriminados y en desventaja respecto de productores de otros países de la Unión Europea en cuanto a la regulación y la administración de las concesiones de acuicultura.
En particular, han criticado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) por la estricta aplicación de la Directiva Bolkstein (Directiva 2006/123/CE de la UE) en España, que clasifica la acuicultura como una “actividad de servicios” y no como una “actividad productiva primaria”. Esto, como señala APROMAR en un comunicado, pone a las empresas españolas en una posición desfavorable en comparación con países como Italia, Croacia o Grecia. En estos países, la acuicultura está excluida de dicha directiva, lo que les permite un manejo más flexible y favorable para sus productores locales.
Se trata, como denuncian, de una “barrera administrativa” que va a llevar al extremo de lo soportable el legítimo ejercicio de producir comida altamente nutritiva como el pescado y a precios asequibles para la sociedad, y “pone en riesgo el tejido empresarial sectorial español”.
Además, como critican desde APROMAR, existe una preocupación de que se pueda perder “el control estratégico de la producción de pescado de acuicultura” en nuestro país, al abrirse la posibilidad de la llegada de especuladores que pujarán por acaparar las limitadas concesiones ahora existentes.
A raíz de la publicación en misPeces de la noticia de que en Italia se había conseguido excluir la actividad acuícola de esta directiva es cuando se han puesto en marcha los mecanismos para aclarar y resolver el problema de España.
Esta preocupación que, como señalan desde APROMAR, vienen exponiendo desde hace meses ante el Ministerio, ha cogido “con el paso cambiado a las administraciones competentes de las Comunidades Autónomas, que en muchos casos eran desconocedoras de la situación”.
Obtener una concesión de dominio-público en España, como denuncian desde APROMAR, es un proceso largo y complejo, que puede durar entre cuatro y ocho años y, a menudo, “no se logra”. La dificultad para obtener y ampliar estas concesiones ha estancado la producción de acuicultura en el país, lo que hace que seamos vulnerables y altamente dependientes de las importaciones.
APROMAR reclama un marco administrativo más estable y previsible para proteger la inversión empresarial y el empleo en el sector. Este error de interpretación de la Directiva podría considerarse una “ultraliberalización” inapropiada para un sector primario de producción de alimentos”.
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