Madrid 21/09/2015 – El pasado viernes se publicó el informe anual de APROMAR “La acuicultura en España 2015”, un trabajo que reorganiza y aglutina datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, JACUMAR, y la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP), y los expone al sector y partes interesadas.
La parte final, como viene siendo habitual, hace un análisis presente y futuro de la actividad en España, enfocándose en aquellos aspectos relevante para que el sector pueda prosperar y contribuir a la fijación de población en zonas rurales y costeras, convirtiéndose en ocasiones en el “principal motor de la economía local”, y empleo femenino tanto en puestos productivos, como técnicos o directivos.
Este documento, como indican en el informe, tiene como público objetivo tanto a las empresas del sector como las Administraciones públicas, políticos, medios de comunicación, profesionales libres, estudiantes y la sociedad en general.
Dentro de los retos de la actividad, el informe desarrolla toda una teoría sobre el daño de la “ineficiencia” de las administraciones públicas españolas que según destaca “ha frustrado en el último decenio inversiones en acuicultura marina por valor de 600 millones de euros, así como la creación de 1.700 empleos directos y 2.500 inducidos”.
Como ejemplo de ineficacia, se destaca el hecho de que hasta el momento “ninguna concesión de acuicultura en el dominio público marítimo terrestre ha recibido la prórroga extraordinaria que por 50 años ofrece la Ley de Costas de 2013”.
Por otra parte, sigue existiendo exigencias dispares de Tasas de Puertos en el territorio español, lo que distorsiona la competencia entre empresas en función de la ubicación de la instalación y su relación con el puerto base.
También analiza la distorsión del mercado y la competencia desleal de terceros países a la que está siendo sometido el sector “en detrimento del producto de la acuicultura cultivado dentro de la Unión Europea y a favor de los pescados de importación”.
Mientras las normas exigidas por la Unión Europea hacia la producción acuícola local es “notablemente exigente” en comparación con los terceros países donde no existe el mismo celo en materia de medio ambiente, salud de los peces, y alimentación animal.
Todo esto ha llevado a APROMAR recientemente a denunciar a los productores de Turquía ante la Comisión Europea y solicitar al Gobierno de este tercer país al “cese inmediato del pago de estas subvenciones y levantamiento de su arancel”.
O cómo las administraciones públicas competentes en materia de vigilancia de la veracidad de la información que los consumidores reciben en el punto de venta “hacen clara dejación de funciones en el caso de las pescaderías”.

