Abogado experto en el complejo mar industria alerta del impacto de la modificación del reglamento de la Ley de Costas

Santiago y Valencia 28/04/2019 – El cambio que el Gobierno central quiere hacer del Reglamento General de la Ley de Costas, ha propiciado un encuentro sin referentes anteriores, ya que ha unido en Galicia al sector extractivo, el acuícola y la administración regional, enfrentado históricamente, la últiima vez, por la fallida Ley de Acuicultura, que fue derrocada por el sector mejillonero después de fuertes enfrentamientos con la Conselleria del Mar.

Ahora, unidos en un frente común, el pasado 22 de abril, las asociaciones patronales AGADE, ANFACO-CECOPESCA y APROMAR se reunieron con representantes de la Conselleria del Mar y de la Conselleria de Medio Ambiente para analizar, en un encuentro marcadamente técnico, las modificaciones más relevantes de este proyecto de reforma y expresar su oposiciión ante el Gobierno central.

La modificación de este reglamento, como ya se ha indicado en otras informaciones publicadas en misPeces, afectaría en Galicia a más de 100 empresas del complejo mar-industria, entre conserveras, instalaciones de acuicultura, depuradoras y cocederos de moluscos. Y no solo eso, la medida afectará al importante sector de mejillón y a los más de 1.100 parques de cultivo de Carril, y un conjunto total de 5.000 instalaciones situadas en dominio – público marítimo – terrestre.

Después de un análisis por parte de los sectores afectados del borrador del proyecto de modificación, se deduce que el criterio de contabilización de las prórrogas supondrá la reducción efectiva de las concesiones de ocupación por la aplicación de un “novedoso criterio de cómputo” que resta de la prórroga concedida los años ya disfrutados desde que se otorgó la concesión; la introducción de catorce nuevos criterios para la fijación de la duración de las prórrogas.

Al respecto de este borrador, el experto abogado en el complejo mar-industria, Fernando Otero Lourido explicó recientemente durante su intervención en la Conferencia Sectorial de APROMAR que, a pesar que desde la Delegación del gobierno de Galicia, y el propio Ministerio de Transición Ecológica, han minimizado el alcance de la reforma presentándola como “un ajuste menor” no lo es tal.

Curiosamente, la intervención del abogado se produjo en sustitución de la representante de la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de la Transición Ecológica, y su no presencia, a pesar que estaba prevista en el programa para que interviniera con la ponencia “la acuicultura dentro de las estrategias marinas españolas”.

Según señaló Otero Lourido, con el actual criterio para prorrogar las concesiones de acuicultura entre 40 a 50 años, “lo máximo a lo que vamos poder aspirar” con el nuevo criterio de cómputo para todas las concesiones que se vayan a ir extinguiendo a partir de ahora, son 10 años más. Además, se observa en el análisis del borrador, que existe un “recrudecimiento” de los requerimientos medioambientales.

Con esto, señaló Otero, no solo se está generando inseguridad jurídica, sino que también conduce a la pérdida de valor de las empresas, ya que, como es sabido, los permisos para establecerse también son valorados por los inversores. “No es lo mismo tener por delante 40 años de concesión que tener 5, o peor de todo, tener incertidumbre”. “Lo que más vale en la industria alimentaria vinculada al mar, en general, más que la instalación en sí, son los permisos”.

Sobre este tema, Javier Ojeda, gerente de APROMAR también echó en falta una mayor implicación de otros posibles afectados de la industria en otras Comunidades Autónomas, y lo más preocupante para el directivo es que se quiera plantear en un futuro “modificar la Ley de Costas”.

Consideramos, señaló Ojeda, que se quiere hacer del espacio marítimo – terrestre público una zona recreativa en detrimento del tejido industrial con las consiguientes implicaciones económicas negativas y de destrucción de empleo que se producirían.

Todo ello, como reclaman los empresarios, “sin una alternativa de ubicación viable en términos operativos y de rentabilidad empresarial, ya que todas las actividades del complejo mar industria que actualmente se ubican en la costa deben ocupar ese espacio para poder desarrollarse de manera mínimamente viable”.

En vista de las consecuencias que la modificación del Reglamento General de Costas tendrá para la economía tradicional del complejo mar-industria, los afectados plantearon la realización de acciones que podrían incluir “el cierre patronal de la actividad”.