Canarias estudia aplicar un Plan de Contingencia ante posibles escapes

Santa Cruz de Tenerife 18/05/2010 – La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Canarias, Pilar Merino, anunció ayer en Comisión Parlamentaria que se está preparando el borrador de un Plan de Contingencia ante posibles escapes masivos en instalaciones de acuicultura que incluirá un sistema de emergencia, y en el que se estudia la posibilidad de endurecer las medidas que deben aplicarse en este asunto en las empresas dedicadas a esta actividad.

Merino indicó también que Canarias colabora en un informe nacional sobre asunto y se encargará de estudiar el impacto de los escapes masivos de peces en instalaciones acuícolas, para lo que efectúa el análisis correspondiente en Gran Canaria, de forma que la incidencia sobre el ecosistema sea la mínima.

Pilar Merino señaló que en lo relativo al plan de prevención se va a contactar con todas las empresas del sector y prever medidas de extrema precaución ante la posibilidad de que los fenómenos meteorológicos adversos puedan afectar a esta actividad.

Esta actuación viene motivada por lo que ocurrió el 26 de febrero en una empresa acuícola de La Palma que avisó de que el temporal había provocado un escape de una jaula, por lo que la Consejería contactó con las cofradías de pescadores para intentar capturar el mayor número posible de ejemplares.

Sobre este asunto la diputada socialista Carmen Acosta consideró que la Consejería ha hecho "más bien poco" y se ha limitado a sacarse "dos fotos vacías de contenido", pues los escapes continuarán en La Palma ante la falta de un plan de emergencia.

Carmen Acosta reprochó además a la Consejería que abonase 26 céntimos por cada lubina capturada en aquella ocasión por los pescadores, cuando el precio en el mercado de cada ejemplar ronda los 5 euros.

La consejera respondió que desde el inicio de la acuicultura en Canarias en 2001 ha habido escapes y de lo que se trata es de minimizar su impacto, y consideró que nunca ha pretendido que los pescadores cobrasen 26 céntimos por ejemplar sino llegar a acuerdos entre ellos y las empresas afectadas para recuperar las piezas.

Asimismo rechazó "porque no es cierto" la insinuación del PSC de que la Consejería "se ha venido saltando las normas" en este asunto, y recordó que se obliga a los titulares de las concesiones a revisar jaulas y mallas para comprobar que no haya sustancias nocivas en el agua.

También dijo la consejera que se ha encargado un estudio medioambiental al Instituto Canario de Ciencias Marinas, que tardará unos meses, para evaluar los efectos de este escape.

Señaló que la acuicultura es un sector estratégico y Canarias es la segunda comunidad española en producción, lo que no se debe a que se haya sido "laxo" en las concesiones sino "más bien al contrario", ya que hay "un enorme esfuerzo detrás y también protestas de las empresas de que los requisitos son largos y estrictos".

En 2008 se produjeron 8.043 toneladas aunque la autorización llega a las 14.000, que la consejera confía en que se pueda alcanzar, y detalló que se han autorizado tres nuevas especies para producir en las islas, jurel, medregal y bocinegro.

Además, el Gobierno canario confía culminar en mes y medio las negociaciones con los cabildos para establecer las zonas acuícolas de cada isla, de forma que continúe la tramitación del plan regional de ordenación de la acuicultura y esté aprobado al empezar 2011.

El plan ha sido consensuado con los cabildos de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, está pendiente de acuerdo en el resto y El Hierro ha dicho "que no quiere" esta actividad y por lo tanto no tendrá zonas acuícolas.

Merino explicó que de las 14 zonas previstas para Tenerife se ha acordado con el Cabildo reducirlas a cuatro, mientras que Gran Canaria tendrá siete, y pidió a las corporaciones insulares no aumentar las concesiones para zonas que van a quedar fuera del plan.

La diputada socialista Belén Morales consideró que falta un modelo de organización en este ámbito como instrumento "fundamental y necesario" para ordenar la actividad acuícola, y señaló que el Gobierno regional no ha sabido desarrollarlo ni hacerlo compatible con el sector turístico y con la pesca artesanal.

También afirmó que ha descendido en un 13 por ciento la actividad de la acuicultura en Canarias y varias explotaciones han cerrado o abandonado porque creen que no es rentable, por lo que la parlamentaria ve difícil que se cumpla el objetivo de alcanzar una producción de 56.000 toneladas en 2016.