Pontevedra 15/09/2016 - Cofradías, productores de mejillón, mariscadoras, plataformas en defensa de las rías y las federaciones del mar de CC.OO., CIG, y UGT han sido convocadas hoy a un acto de entrega de firmas con alegaciones al borrador del Real Decreto de Ordenación del Espacio Marítimo frente a la subdelegación del gobierno en Pontevedra.
Para estos colectivos, el citado real decreto da capacidad al Estado para definir el espacio marítimo gallego, “invadiendo competencias del Estatuto y cita expresamente como competencia propia del Gobierno central la acuicultura, habiendo generado alarma entre las organizaciones del sector del mar, que vemos con desconfianza un nuevo intento de introducir la piscicultura en nuestras costas”.
Este Real Decreto, promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) traspone la Directiva Europea en esta materia y establece un marco para la ordenación del espacio marítimo con vistas a fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítimas, el desarrollo sostenible de los espacios marinos y el aprovechamiento de los recursos marinos.
Dentro del marco legal, la regulación y promoción de la actividad acuícola en España se encuentra establecido entre otros dispositivos legales por la Constitución Española, la Ley 20/1942 de Fomento y Conservación de la Pesca Fluvial, la Ley 23/1984 de Cultivos Marinos y la Ley 22/1988 de Costas.
La legislación autonómica regula la actividad marisquera y de acuicultura o cultivos marinos en línea con la Estatal; ya que, el concepto acuicultura viene recogido en la Constitución Española, donde también aparecen otras como “cultivos marinos”, “maricultura” y “acuicultura marina”.
Incluso en el caso del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, al concepto de acuicultura se le une el de “alguicultura” para hacer referencia a la cría y recolección de algas.
Las competencias sobre la acuicultura para el caso concreto de Galicia se recogen en dos reales decretos, ambos de 1982, en los que se hace traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de agricultura y pesca.
Una vez analizado el borrador de real decreto de ordenación del espacio marítimo, se puede decir que éste contempla una relación de actividades y usos e intereses posibles, en el que obviamente, se encuentra la acuicultura. Sin embargo, no habla en ningún momento específicamente de piscicultura intensiva u otro tipo de actividad.
Cabe recordar que el borrador ha sido el resultado de un grupo de trabajo interministerial, coordinado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, y ha estado sometido a consulta pública durante 45 días.

