Comisión plantea al Parlamento Europeo opciones para la implantación de un etiquetado ecológico común

Bruselas 19/05/2016 – Ya lo avanzábamos esta semana, y ayer miércoles 18 de mayo, el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicaba el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las opciones para la implantación de un sistema ecológico para productos de la pesca y la acuicultura.

La Unión Europea es el mayor mercado para los productos de la pesca y de la acuicultura con etiqueta ecológica, sin embargo, como destaca el informe, “la penetración en el mercado de productos con etiqueta ecológica varia considerablemente de un Estado miembro a otro y se centra en los productos congelados o transformados”.

Países como Francia, Italia, Portugal y España, donde se consumen principalmente productos frescos, las etiquetas ecológicas y certificaciones tienen “un papel marginal”. Por otro lado, en determinados Estados miembros, como Alemania y el Reino Unido, los productos con etiqueta ecológica gozan de un “gran arraigo”.

A pesar de ello, es importante destacar que las etiquetas ecológicas no han dejado de aumentar en la última década.

Entre los problemas relacionados con la etiquetas ecológicas, el informe destaca la credibilidad de las declaraciones; la confusión relacionada con la proliferación de etiquetas ecológicas y el uso en paralelo de otros sistemas de comunicación; y los costes asociados a la certificación.

En el estudio, se han barajado tres escenarios de actuación por parte de los poderes públicos de la UE que revelan resultados diferentes en términos de valor añadido, costes, subsidiariedad y proporcionalidad.

La primera opción que baraja la ausencia de modificaciones legislativas y utilización efectiva de instrumentos disponibles, “resultaría eficaz para resolver la cuestión de credibilidad de la declaraciones, pero no mejoraría la situación de confusión resultante de la multiplicidad de mensajes, ya que la información de los consumidores que queda fuera de la reglamentación vigente de la UE no estaría sometida a control”. Por lo que respecta a los costes, el uso de fondos públicos puede ayudar a reducir los costes de la certificación para los productores.

La segunda opción, establecimiento de requisitos mínimos en materia de sostenibilidad y proceso de certificación, “podría resolver cuestiones tales como la confusión potencial y la credibilidad. Ello implicaría extensos trabajos de preparación y la aprobación de nueva legislación o de una Recomendación a escala de la UE. Alternativamente, podrían alcanzarse objetivos semejantes mediante el respaldo a las normas internacionales que se están elaborando.

Como tercera opción, sobre el establecimiento de un régimen propio de etiquetado ecológico a escala de la Unión, indican que puede tener “efectos positivos en términos de credibilidad del etiquetado ecológico, creando incentivos y un control público eficaz”. La cuestión de la confusión sobre el contenido de las declaraciones medioambientales también podría mejorarse, aunque no está claro si tendría algún efecto en el suministro de otros tipos de información ambiental a los consumidores. En términos de costes para la certificación, solo puede lograrse un ahorro limitado.

Según el informe, sería necesario adoptar nueva legislación para establecer a escala de la Unión un régimen de este tipo, aunque, dadas las diferencias del grado de penetración en el mercado de productos con etiqueta ecológica en los diferentes Estados miembro y la fase temprana de la implementación de los regímenes nacionales, la actuación a escala de la UE podría ser cuestionado desde el punto de vista e la subsidiariedad.

Del mismo modo, añaden, “la imposibilidad de detectar deficiencias explícitas del mercado puede suscitar interrogantes en cuanto al valor añadido de la actuación de la UE y la proporcionalidad de esta elección. Los costes de esta opción son significativos en comparación con las otras dos opciones”.

Por otra parte, la PPC deberá presentar sus resultados en materia de sostenibilidad a más tardar en 2020, lo que reduce, a juicio del informe, en parte, “la necesidad de dotarse de una etiqueta pública que actúe como motor del desarrollo sostenible”.

Por otra parte, concluyen, el doble papel de la UE en la mejora de la sostenibilidad medioambiental a través de la PPC y en la definición de criterios para evaluar el desarrollo sostenible puede plantear problemas de coherencia.