Madrid 25/08/2020 – El próximo 2 de septiembre se vence el plazo para presentar alegaciones al proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contiene en su artículo 18 una modificación que afectará a la Ley de Costa, haciendo crecer presumiblemente la inseguridad jurídica en el sector de la acuicultura y en el complejo mar-industria, con la consiguiente mayor dificultad para realizar inversiones.
El punto más criticado de esta Ley como se ha venido advirtiendo desde el sector desde que se conocieron las intenciones del Gobierno de presentar esta Ley, es el artículo 18 en el que se aborda la gestión del dominio público marítimo terrestre, un espacio de vital importancia para el desarrollo de la actividad piscícola y de depuración de moluscos entre otras relacionadas con la acuicultura.
Para tumbar este artículo, el complejo mar-industria, compuesto principalmente por el sector productor de moluscos de Galicia, sus industrias asociadas y la Asociación de Empresas de Acuicultura de España (APROMAR), está haciendo todo lo posible por encontrar apoyos políticos. Estas empresas temen que los criterios “abstractos” del artículo, susceptible de valoración discrecional por parte del órgano tramitador de los expedientes, y el punto 4 dedicado específicamente a reducir la duración de las concesiones, son los que más inseguridad jurídica generan.
En peligro, según cálculo de la Xunta de Galicia, están 3000 empleos en comarcas que prácticamente tienen en el complejo mar-industria su sustento económico.
Los afectados piden formar una mesa de diálogo en la que se sienten representantes del sector, de las institucionales y los agentes sociales y se discuta la modificación de la “redacción confusa del artículo 18” para elaborar un texto final que ofrezca “tranquilidad jurídica y seguridad” a los operadores con concesiones en la costa. Esta mesa se encargaría también de abordar una futura modificación de la Ley de Costas donde será de vital importancia asegurar la duración de las concesiones.

