Bruselas 1/09/2017 - El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado esta semana la Resolución del Parlamento Europeo de febrero de 2014, sobre medidas específicas en el ámbito de la Política Pesquera Común para desarrollar el papel de la mujer.
En esta Resolución se insta a la Comisión a que se impulse un programa estadístico específico para las regiones dependientes de la pesca para evaluar las necesidades específicas de la actividad de las mujeres y mejorar el reconocimiento social de estas profesionales.
Además insta a la Comisión a mejorar la recogida de datos desglosados por sexos en el sector de las capturas, añadiéndose indicadores como la edad, el nivel educativo y la formación, y la actividad de cónyugues y parejas colaboradores.
Igualmente, y en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y otro instrumentos, ayudas específicas que puedan activarse en situaciones de urgencia, como desastres naturales; y facilite el acceso a la financiación a organizaciones de mujeres del sector de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas, de forma que puedan poner en práctica las iniciativas, consolidar sus organizaciones, y estableciendo vínculos con otras organizaciones de mujeres a fin de intercambiar experiencias y buenas prácticas.
En relación al FEP, recuerda y llama la atención de que solo un Estado miembro ha utilizado las oportunidades del eje 4 para financiar proyectos que tienen a mujeres como beneficiarias, e insta a aprovechar las oportunidades ofrecidas por el FEMP.
Como recuerdan en el Reglamento, unas 100.000 mujeres desarrollan su trabajo dentro del sector pesquero de la Unión Europea, distribuyéndose éste en un 4 por ciento en el sector extractivo, con trabajos vinculados a la actividad auxiliar de rederas, neskatilleras o empacadoras; un 30 por ciento en la acuicultura, principalmente en el marisqueo de a pie; y alrededor un 60 por ciento en la industria transformadora.
Todas las recomendaciones, reclamaciones y consideraciones del Parlamento deben ser transmitidas al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de los Estados miembro.

