Madrid 25/09/2013 –La Guardia Civil pondrá en marcha “con carácter inmediato” un despliegue de nuevos equipos específicos denominados “Equipos Roca” (Equipos de lucha contra el Robo en el Campo) para atajar el “agravamiento” del problema de robos en el medio rural y cuyo cuya función será la de incrementar la seguridad de estas explotaciones mediante una vigilancia permanente y una mayor comunicación con los colectivos afectados.
Así lo informó ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández quien ha señalado que, en total, serán 55 equipos con un total de 275 agentes de la Guardia Civil dedicados en exclusiva a estos cometidos.
Jorge Fernández Díaz ha señalado que el número de delitos cometidos en el campo en 2012, y conocidos por la Guardia Civil, suman un total de 15.234. De ellos, 11.201 se han producido en las 15 provincias más afectadas que representan el 74 por ciento de las infracciones penales.
Por provincias, las más afectadas son Valencia con 1.441 delitos; Sevilla que registra 1.306 infracciones penales; le sigue Almería con 1.150 delitos cometidos, y Toledo con 965.
En el ámbito de la acuicultura marina, ASEMA ha venido denunciando desde hace años los robos en instalaciones acuícolas en las provincias de Huelva y Cádiz. En el ámbito de la acuicultura, los robos se han sucedido en esteros, en jaulas y en piscifactorías continentales.
Por su parte, y como ya publicó misPeces al respecto, la Organización de Productores Piscícolas mostró su satisfacción por las medidas emprendidas desde el Gobierno para la protección de los intereses de los productores primarios.
En este sentido, el Gobierno aprobó el pasado viernes el Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, para que los robos de productos agrícolas y ganaderos, o de los medios e instrumentos para su obtención, puedan conllevar penas de prisión de uno a tres años, e incluso podría elevarse a cuatro años si la persona que comete el delito porta un arma o pertenece a una organización criminal y comete el delito junto a otro de sus integrantes.
Asimismo, la reforma también contempla el castigo a quien trafique con los productos robados, “pudiendo, llegado el caso, imponer pena de inhabilitación especial, de entre 2 y 5 años para el ejercicio de la profesión o industria que trafique con lo robado, así como la clausura temporal o definitiva del local del que se trate.

