El Congreso de los Diputados aprueba la reforma de la Ley de Costas

Madrid 21/02/2013 – La Ley de Costas pudo salir adelante en el Congreso de los Diputados gracias al voto a favor en solitario del Partido Popular, la abstención de CiU y la negativa del resto de la representación de la Cámara.

El proyecto, denominado de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas, ahora deberá continuar el trámite en el Senado donde se incorporarán medidas contra el cambio climático. Después volverá de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.

Sobre el texto se han presentado 145 enmiendas, en los que se han admitido dos de Coalición Canaria, varias de Izquierda Plural y BNG, y transaccionado varias de PNV y CiU.

No obstante, sobre la misma se cierne un posible recurso de inconstitucionalidad, ya que según los grupos de la oposición, esta norma invade las competencias locales al permitir al Gobierno para obras en el litoral previamente aprobadas por los ayuntamientos.

La reforma de la Ley de Costas ha sido una de las principales reivindicaciones de la patronal española de acuicultura marina (APROMAR) y la andaluza ASEMA en los últimos años.

Según ha ido informando misPeces durante 2012, los intereses del sector acuícola salen relativamente bien parados. Entre las demandas del empresariado estaba la posibilidad de poder extender la duración máxima de las concesiones a 75 y la posibilidad de prórroga por la misma cantidad de años.

Lo mismo para la exclusión del dominio público de las zonas inundadas por la acción del hombre, y donde se indica que “si los terrenos, a que estos se refieren, hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables”.

Sobre las propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, la reforma establece que dejarán de formar parte del dominio público marítimo terrestre y serán reintegrados a sus anteriores propietarios. De esta manera se verán satisfechas una de las mayores reivindicaciones de los antiguos propietarios de salinas y esteros en el litoral Sur Atlántico andaluz.

Por otra parte, y respecto a los deslindes, la Administración General del Estado deberá proceder a iniciar la revisión de los deslindes ya ejecutados y que se vean afectados como consecuencia de la aprobación de la presente ley.

Lo que no se ha atendido es la petición de no aplicación del canon de ocupación y aprovechamiento de bienes del dominio público marítimo terrestre para el caso de obras pagadas por el mismo concesionario. No obstante, con la ampliación a 75 años, este término pierde importancia, ya que la caducidad de la concesión es de largo recorrido.