El Gobierno da “luz verde” al texto que modifica la Ley de Costas

Madrid 08/10/2012 –El Ejecutivo español ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas. Este nuevo documento modifica la anterior Ley de Costas de 1988 con objeto de “garantizar la protección y conservación y clarificar el alcance del dominio público marítimo terrestre, así como los deslindes, concesiones y usos de costas”.

La nueva normativa, según destacan desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) “beneficia a quienes estaban legítimamente en el litoral, pero no supone amnistía para las situaciones ilegales”.

Este nuevo texto normativo, añaden, “protegerá mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos y generará confianza y mayor actividad económica, con el objetivo de ser un instrumento eficaz de protección y conservación del litoral. y proporcionará seguridad jurídica a los ciudadanos y empresas”.

Al respecto de los deslindes, una situación que afecta especialmente a las concesiones de acuicultura marina del litoral Sur Atlántico, la norma establece que para conseguir una completa seguridad jurídica se acceda vía internet a la información de éstos. Además, los bienes de DPMT deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad.

También, la nueva norma, resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma (de 30 años desde la ley de 1988), es decir, en 2018 con la consiguiente pérdida de los derechos de sus titulares. “Así, el Gobierno pretende acabar con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas y que ha permitido la proliferación de diversas ocupaciones irregulares”, indicaron.

Entre las principales modificaciones del texto, se define mejor el alcance del dominio público marítimo terrestre y se aplicarán criterios “estrictamente técnicos” para deslindar la costa con la consiguiente “seguridad jurídica” para propietarios, concesionarios y usuarios.

Con objeto de facilitar la viabilidad y sostenibilidad de las actividades económicas, se amplían los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, como hacen otras leyes como la Ley de Aguas, siempre que se trate de actividades respetuosas con el DPMT.

Esta medida no es aplicable a cualquier actividad económica. La industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, deberán tener un informe ambiental específico para otorgar la prórroga.

Otras modificaciones están relacionadas con la aplicación de un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas y las que están junto a espacios protegidos o suelo rural.

Según informan desde el Magrama, la Comisión Europea, una vez conocido este nuevo texto, ha valorado muy positivamente su contenido porque considera que dará seguridad jurídica a los europeos  con propiedades inmobiliarias en el litoral español.