El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la Ley Orgánica que modifica el Código Penal
Mariscadora gallega
Madrid 1/04/2015 – Los senadores gallegos aseguran que la enmienda del Código Penal en lo que respecta al marisqueo ha sido fruto de intensas semanas de negociación y trabajo entre la Conselleria de Medio Rural y del Mar de la Xunta de Galicia, el Ministerio de Justicia y el Grupo Territorial gallego del grupo popular en el Senado.
Estas enmiendas en el articulado están justificadas por la necesidad de hacer frente al furtivismo cuando se realicen actividades de extracción de especies marisqueras o pesqueras que puedan poner en riesgo su biodiversidad haciendo estas conductas equivalentes a la caza y pesca.
En este trabajo, los senadores populares han conseguido introducir la enmienda 1031, donde se contempla el furtivismo en el marisqueo como falta y si pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos, como delito, con penas que van de los seis meses a dos años de prisión dependiendo de la gravedad de los hechos.
También se reforma el artículo 335 del Código Penal, siendo de especial relevancia la modificación introducida en su párrafo 3, que se refiere explícitamente a quienes actúen sin el título administrativo habilitante. Es decir, a los furtivos habituales que “causen menoscabo en la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola”.
Las personas que incurran en este delito serán castigadas con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo.
En este sentido la Conselleira del Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana destacó recientemente que la Administración ha realizado un "esfuerzo" para conseguir una mayor profesionalización del sector marisquero que garantice una mayor seguridad alimentaria, una mejor protección de los recursos y un incremento en el control de la actividad furtiva, incidiendo en la importancia de la consideración de esta acción ilegal como delito.
La modificación del Código Penal entrará en vigor el 1 de julio de 2015.

