La financiación europea de la acuicultura ha entrado en una nueva fase de negociación ante el diseño del presupuesto comunitario para 2028-2034. Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia han pedido a la Comisión Europea que los recursos destinados a la pesca y la acuicultura sigan siendo específicos, estables y suficientemente dotados, aunque el actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, FEMPA, deje de funcionar como fondo independiente.
La reclamación fue trasladada al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, durante una reunión celebrada en Bruselas. El cambio de arquitectura presupuestaria genera preocupación porque la integración del FEMPA en un instrumento más amplio podría reducir la visibilidad de sus recursos y obligar a la acuicultura a competir con otras políticas y prioridades nacionales durante el reparto de los fondos.
Según ha informado la Junta de Andalucía, la propuesta inicial contemplaba una dotación protegida de 2.000 millones de euros para pesca, posteriormente elevada por la Comisión hasta los 4.000 millones. Sin embargo, la cuantía global no garantiza por sí sola cuánto dinero llegará a la acuicultura, ya que todavía no se ha concretado qué parte se reservará al sector ni cómo se distribuirán los recursos entre los Estados miembros.
Las comunidades mediterráneas consideran que la futura financiación debe permitir desarrollar la acuicultura, mejorar la comercialización y modernizar las infraestructuras, además de impulsar la innovación y la economía azul.
Para las empresas acuícolas, la configuración final del presupuesto condicionará la disponibilidad de ayudas destinadas a nuevas instalaciones, modernización tecnológica, eficiencia energética, digitalización, adaptación climática y aumento del valor añadido de los productos.
La disputa no afecta únicamente al volumen de recursos, sino también a su identificación y continuidad. La desaparición de un fondo independiente podría otorgar mayor capacidad de decisión a los Estados, pero también diluir la acuicultura dentro de programas más amplios. Sin una asignación reconocible, sus inversiones podrían quedar subordinadas a necesidades con mayor peso político o presupuestario, incluida la modernización de la flota pesquera.
La negociación determinará, por tanto, si el periodo posterior a 2027 mantiene un instrumento financiero capaz de acompañar las ambiciones europeas para la acuicultura o si el sector pierde espacio propio dentro del presupuesto comunitario.
La elevación de la partida protegida hasta 4.000 millones representa un primer movimiento, pero la cuestión decisiva será cuánto se destina finalmente a la acuicultura, bajo qué condiciones y con qué garantías de continuidad.
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