BIENESTAR ANIMAL

España adapta la normativa europea sobre bienestar animal: claves del nuevo Real Decreto para productores e investigadores

Madrid 28/01/2025 | La nueva norma introduce cambios en cómo se debe gestionar la experimentación científica con cefalópodos y peces cebra

Laboratorio pez cebra Hospital del Niño de BostónLaboratorio pez cebra | Foto archivo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja en la modificación del Real Decreto 53/2013 para incorporar los cambios exigidos por la Directiva Delegada (UE) 2024/1262 en materia de protección de los animales de experimentación y docencia. Esta nueva norma introduce mejoras en el cuidado y protección de animales utilizados en experimentación científica y actividades educativas, como cefalópodos, peces cebra y aves paseriformes, en respuesta a los avances científicos y éticos de los últimos años.

La directiva europea, que deberá ser transpuesta al marco normativo español antes del 4 de diciembre de 2025, plantea desafíos significativos para los sectores involucrados. Según el Ministerio, los cambios incluyen una actualización en las condiciones de alojamiento de los animales, mejoras en los métodos de sacrificio para reducir el dolor y el sufrimiento, y ajustes administrativos que buscan clarificar el funcionamiento de los órganos de evaluación y supervisión. El objetivo, aseguran, es garantizar una mayor seguridad jurídica y ética en el uso de animales.

La normativa vigente, basada en el Real Decreto de 2013, ya incorporaba principios fundamentales de protección animal. Sin embargo, el progreso en el conocimiento sobre especies específicas, como los cefalópodos, y el reconocimiento de su sensibilidad al estrés han hecho evidente la necesidad de un marco más riguroso. Las modificaciones propuestas afectan tanto a los centros de investigación como a los productores que trabajan con estas especies, quienes deberán realizar ajustes importantes en sus instalaciones y procedimientos para adaptarse a los nuevos estándares.

La comunidad científica se enfrenta ahora al reto de implementar estas medidas en un plazo limitado. Para los investigadores, el impacto se centra principalmente en la evaluación de proyectos, que requerirá una justificación más detallada del uso de animales, así como en la adopción de nuevas técnicas de sacrificio que aseguren prácticas más éticas.

El Ministerio ha hecho un llamado a los sectores implicados para participar en la consulta pública, un proceso que busca identificar los puntos críticos de la aplicación de estas medidas. Según fuentes oficiales, se trata de una oportunidad para que las voces de los operadores del sector y de la ciudadanía en general sean tenidas en cuenta antes de la aprobación definitiva del texto.

La aplicación del nuevo Real Decreto también implicará un fortalecimiento en los controles oficiales por parte de las administraciones competentes. Esto podría traducirse en inspecciones más rigurosas, destinadas a garantizar que tanto los investigadores como los productores cumplen con los nuevos requisitos. La falta de adecuación a estas normativas podría derivar en sanciones legales y en la suspensión de actividades.

El horizonte se presenta incierto para los pequeños productores y laboratorios con recursos limitados, quienes podrían ver en esta normativa una carga adicional. No obstante, el avance hacia un marco más ético y ajustado a los estándares europeos es percibido como un paso ineludible hacia la sostenibilidad de la investigación y la producción animal en España.

En el centro de este debate se encuentra la necesidad de equilibrar las demandas de la comunidad científica y los productores con las expectativas sociales y legislativas en torno al bienestar animal. El resultado de esta consulta pública será clave para definir cómo se implementarán las medidas y qué apoyos podrán recibir los sectores afectados para garantizar una transición efectiva hacia el nuevo modelo.

Ir al documento:

Consulta pública previa del proyecto de real decreto por el que se modifica el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia

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