Fernando Otero Lourido analiza la futura Ley de Acuicultura de Galicia

Santiago de Compostela 8/10/2015 – La nueva Ley de Acuicultura de Galicia podría estar aprobada por el Parlamento autonómico en un plazo de seis meses, que suele ser el periodo promedio que transcurre desde que el Consello de Gobierno da el visto bueno y se publica en el Diario Oficial de la Xunta.

Sin embargo, fuentes de la Xunta informaron a misPeces recientemente que esperan tenerla disponible en febrero del próximo año. Urge tenerla disponible en el menor tiempo posible ya que mientras esto no ocurra no se podrán poner en marcha nuevos proyectos, ni las nuevas empresas podrán tener acceso a los Fondos Europeos con seguridad jurídica.

El abogado y consultor de la industria marítima y agroalimentaria, Fernando Otero Lourido ha analizado para misPeces esta normativa que viene a cambiar el espectro del sector en la Comunidad Autónoma. En este sentido Otero ha calificado el proyecto de Ley de Acuicultura de Galicia como “muy correcta desde el punto de vista técnico”, aunque considera que la aplicación, a día de hoy de la misma, “está por ver”.

A favor ha señalado que se trata "de la primera vez que se elabora una norma sistemática, que articula con criterios técnicos jurídicos correctos, y de una manera global, los aspectos clave de la acuicultura".

En especial, señala Otero, cabe destacar el sistema de otorgamiento de los títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad; las figuras clave de la actividad acuicultora, como los reparqueos, los movimientos o la inmersión; y el acceso al espacio, con referencias a figuras extralegales como la zonificación y los planes sectoriales de ordenación.

Hasta ahora, añade, “se ha venido regulando el sector a salto de mata, de una manera dispersa, con pequeños reglamentos sueltos, y sin una base jurídica mínimamente sólida. Lo que hace la Ley gallega es positivo porque tiende a clarificar”.

Como aspectos positivos valora también el intento de dar seguridad jurídica a las inversiones que se realicen en el sector. También la opción por el silencio positivo en caso de que no se emita a tiempo el informe concedente sobre la ocupación demanial de Costas.

Igualmente valora positivamente la creación de la figura de la prórroga extraordinaria de la actividad, en paralelo a la prórroga extraordinaria de la ocupación demanial de la última reforma de la Ley de Costas; la figura del procedimiento de otorgamiento abreviado; o el intento de dotar al acuicultor de la condición de sujeto de derechos en lugar de un operador incómodo como a veces se les ve.

Sin embargo, establece que “la virtualidad real de esta ley está por ver”. Sería un error, añade, creer que una ley puede resolver ‘per se’ todos los problemas. En éste y en cualquier otro sector.

“Ciertamente, es importante contar con un buen texto normativo, pero lo decisivo es cómo se va a aplicar, es decir, si se va a quedar en papel mojado o va a ir acompañada”.

Por un lado, considera que la Ley debe ir acompañada de un instrumento “potente de planificación sectorial”, que le confiera el rango suficiente para que los proyectos puedan ser aprobados y ejecutados, con celeridad y eficacia; y por otro, de la voluntad política, impulsada desde los máximos niveles, de todos los órganos administrativos con competencias —directas e indirectas— en el desarrollo de la acuicultura, algo imprescindible para que el sector prospere.

“Esto es así porque la experiencia de países punteros como Noruega, Chile o Escocia enseña que para que la acuicultura tenga éxito se requieren tres cosas: buenas condiciones naturales, capital y tecnología, y decisión política. Si falla una de ellas, es muy raro que este sector pueda prosperar”, concluye Otero Lourido.