Fernando Otero Lourido analiza las luces y muchas sombras del ordenamiento jurídico europeo para el fomento de la acuicultura

Madrid 22/06/2018 – El abogado y consultor de la industria marítima y agroalimentaria, Fernando Otero Lourido destacó durante su intervención en el foro Aquahub organizado por APROMAR-REMA lo que en su opinión son las luces y sombras de la aplicación por parte del marco jurídico europeo de algunas comunicaciones y directrices estratégicas “para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la Unión Europea”.

El experto considera que a pesar de que la Comisión ha desarrollado “un marco correcto técnicamente y justificable en su apuesta programática y financiera” que busca de manera proactiva, aunque en parte, el impulso del sector en coherencia con los instrumentos no regulatorios de la Comisión, el Parlamento y el CESE, tiene “difícil conciliación consigo mismo” por la transversalidad ambientalista, el excesivo principio de precaución y un ámbito competencial limitado en lo decisivo.

En su repaso Fernando Otero Lourido comenzó analizando la Comunicación de 2002 sobre la “Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea” y el cumplimiento de objetivos de esta como la creación del empleo, entre otros. A este respecto señaló que la Estrategia ha resultado fallida, “especialmente en las zonas dependientes de la pesca" y que pretendía crear entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa durante el periodo 2003-2008”.

¿Por qué se ha incumplido este objetivo de crear empleo?, porque los empleos los crean las empresas, a partir de un marco jurídico seguro, estable y propicio, y esto, señaló, “no se ha dado”.

Otro objetivo de la Estrategia ha sido la de garantizar que los consumidores puedan disponer de productos sanos, seguros y de buena calidad; así como de fomentar normas estrictas de sanidad y bienestar animal. En este punto el experto consideró ha sido mérito del sector, sin implicación de las administraciones que no han sido capaces de aplicar las reglas igualitarias de juego en lo que respecta a la competencia de terceros países.

En el caso de fomentar la industria respetuosa con el medio ambiente, si lo considera “cumplido”.
 
Otra Comunicación que analizó fue la de 2009 la Comisión de “Construir un futuro sostenible para la acuicultura dudó de la eficacia del planteamiento que se hizo para el fomento de la competitividad de la producción acuícola mediante investigación y desarrollo tecnológico. Según considera ha estado “mal enfocado, disperso y sin retorno al sector”.

La Comisión también ha incumplido respecto al “fomento de la ordenación del territorio de la acuicultura para intentar solventar el problema de competencia en términos de espacio” e incompleto y no congruente en el “apoyo al sector de la acuicultura para satisfacer las demandas del mercado”.

Finalmente, en el análisis de directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura en la Unión Europea, que tiene por cometido ayudar a los Estados miembros a definir sus propios objetivos nacionales ha fallado en la simplificación de los procedimientos administrativos y la reducción del plazo de autorización de nuevas granjas acuícolas; en la ordenación coordinada del espacio para superar los efectos negativos de la falta de espacio; y del fomento de condiciones de competencias negativas con terceros países.

Considera también incumplido el objetivo de fomentar el intercambio de información y de prácticas idóneas entre los Estados miembros y facilitar “una coordinación de las medidas nacionales previstas en los planes estratégicos nacionales plurianuales”.

Por su parte, considera “parcialmente” cumplido “el refuerzo de la competitividad de la acuicultura en la Unión Europea”.

En su opinión, el marco jurídico debería propiciar la coordinación efectiva y continua con gobiernos nacionales; claridad y seguridad jurídicas; propiciar la disponibilidad de espacio; ser realista medioambientalmente; y bajo las mismas reglas de juego para todos.

Esto se conseguiría en el ámbito marítimo a través de “menos programas y más derecho” con instrumentos de ordenación del espacio marítimo “decididos y eficaces”, con ponderación justa en su medida del principio de precaución y con decisiones basadas en la ciencia.

En el ámbito marítimo terrestre y la zona terrestre a través de la planificación urbanística con planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal; leyes de acuicultura potentes; rigor y ley frente a los obstáculos subjetivos infundados, con una Evaluación de Impacto Ambiental abierta a las opciones favorables de las Directivas Ambientales de la Comisión Europea.