Francisco Alcalde critica la sanción de la CNC de “desproporcionada e injusta”

Vilagarcía de Arousa 10/05/2011 – El Consejo Regulador del Mejillón de Galicia considera la sanción de la Comisión Nacional de Competencia por prácticas anticompetitivas y la existencia de un cártel del mejillón desde 1997 de “desproporcionada e injusta”.

La respuesta a la sanción que fuera informada por Competencia hace algo más de una semana fue ofrecida por el presidente del Consello, Francisco Alcalde se produjo el pasado domingo. Para el responsable del 30 por ciento del sector bateeiro, la sanción representa “un ataque más a todo el sector que genera desconfianza y dificultará en el futuro nuevos intentos de coordinación y organización entre todos los mejilloneros”.

En su defensa, Alcalde esgrimió que no ha existido ningún cártel ya que si hubiera sido así el precio del mejillón gallego no hubiera experimentado la caída de precios desde hace más de una década.

Además, según admitió al Faro de Vigo, el Consello “apoya las críticas lanzadas desde las organizaciones sancionadas”, criticando a su vez a la patronal conservara, Anfaco, que fue quien inició la denuncia por prácticas anticompetitivas cuando desde el sector se trató de impulsar la plataforma de distribución del mejillón gallego (Pladimega).

Por último, Alcalde considera que las acciones adoptadas y que han sido fruto de la sanción de Competencia se hicieron bajo la tutela o apoyo de la Xunta y ha echado en falta mayor apoyo de la Administración autonómica a la hora de defender sus intereses ante la CNC.

Por su parte, la Conselleira del Mar, Rosa Quintana aprovechó su intervención en un mitin del PP en Vilagarcía para arremeter contra los que ella considera que han tratado de “manipular” al sector, entre ellos el anterior gobierno del bipartito y dirigentes mejilloneros que trataron de imponer la Plataforma Pladimega, sin hacer alusión expresa a ningún responsable.

Al respecto de las críticas de Alcalde a la falta de apoyo de la Consellería, Quintana considera que quizá la sanción fue menor gracias a las gestiones realizadas por el departamento que dirige, ya que según recordó, inicialmente se manejaba la posibilidad de que hubiera que pagar 10 millones de euros y no 1,8 millones.