La acuicultura europea mira más allá de las ventanillas únicas y reclama simplificación normativa real

La acuicultura europea sigue teniendo dificultades para transformar proyectos técnicamente viables en inversiones ejecutables. La fragmentación regulatoria, la complejidad de los procedimientos y la falta de previsibilidad en los plazos continúan ralentizando tanto la puesta en marcha de nuevas instalaciones como la ampliación de proyectos ya operativos.

En este contexto, el Consejo Consultivo de Acuicultura de la Unión Europea (AAC, por sus siglas en inglés) ha propuesto recientemente que los Estados miembros avancen hacia sistemas de “ventanilla única” capaces de centralizar en un solo punto los trámites vinculados a licencias, renovaciones, autorizaciones ambientales y acceso a ayudas públicas.

La propuesta busca reducir la dispersión administrativa y facilitar una relación más directa entre empresas, inversores y administraciones. Sin embargo, el debate empieza a ir más allá de la ventanilla única como solución aislada.

Según ha señalado Diego Mendiola, profesional del sector acuícola en España, las ventanillas únicas “son un procedimiento conocido desde hace prácticamente 15 años o más” y su eficacia ha sido desigual según la Comunidad Autónoma.

La cuestión, por tanto, no es solo concentrar trámites en una misma puerta administrativa, sino simplificar de verdad el marco normativo que condiciona esos trámites.

Paquetes Ómnibus orientados a la simplificación normativa transversal

Mendiola recuerda que desde 2025 la Comisión Europea trabaja en paquetes ómnibus que permiten actuar sobre diferentes ámbitos regulatorios al mismo tiempo y puede ofrecer una vía más estructural para reducir cargas administrativas, acortar plazos y mejorar la seguridad jurídica.

Aplicado a la acuicultura, este enfoque podría ser más relevante que una ventanilla única clásica. La razón, según Mendiola, es que muchos retrasos no se deben únicamente a la falta de coordinación entre administraciones, sino a la acumulación de normas, informes, competencias cruzadas, interpretaciones territoriales y procedimientos que se solapan entre sí.

Como explica, una ventanilla única puede ordenar el proceso, pero no necesariamente lo simplifica. Si detrás de esa ventanilla permanecen los mismos requisitos, los mismos informes y los mismos cuellos de botella, el impacto sobre la inversión será limitado.

El sector acuícola, como defienden desde el Consejo Asesor, no necesita solo mejorar canales de tramitación, sino de marcos normativos más previsibles, menos redundantes y capaces de dar respuesta a inversiones con elevados costes iniciales y largos periodos de amortización, como los proyectos offshore, los sistemas RAS o las ampliaciones de capacidad productiva.

Un enfoque que defiende Mendiola, que compara este enfoque con experiencias recientes en España vinculadas a los PERTE y los fondos Next Generation, donde distintos instrumentos administrativos y financieros se articularon para acelerar la llegada de ayudas y facilitar la ejecución de proyectos estratégicos.

La diferencia, advierte, es que este tipo de simplificación debería consolidarse como una política estructural y no como una respuesta excepcional.

El reto está en pasar de la teoría a la aplicación práctica

El reto ahora está en cómo trasladar esa agenda europea de simplificación al ámbito acuícola y a los Estados miembros. En el caso español, la aplicación práctica podría requerir desarrollos normativos mediante decretos que permitan adaptar los principios europeos a los procedimientos nacionales y autonómicos.

Para bancos, fondos e inversores, esta evolución no es menor. La incertidumbre regulatoria sigue siendo uno de los factores que más penaliza la financiación de nuevos proyectos acuícolas en Europa. Reducir plazos, clarificar competencias y evitar duplicidades administrativas puede tener un efecto directo sobre la percepción de riesgo.

En un sector que compite con terceros países con marcos más ágiles, la diferencia entre ordenar trámites y reducir obstáculos puede marcar la capacidad real de Europa para recuperar inversión, producción y autonomía alimentaria.