El Gobierno de España ha aprobado un nuevo sistema oficial de reconocimiento para usuarios del agua que incluirá por primera vez a la acuicultura dentro de un esquema estatal de transparencia, sostenibilidad y eficiencia hídrica.
La medida se recoge en la Orden TED/439/2026, de 6 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado, que regula el nuevo “Sello de gestión transparente del agua” en su categoría ordinaria y el “Sello de gestión transparente y sostenible del agua” para su categoría superior.
Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, cuyo objetivo es mejorar la gobernanza y la transparencia mediante la creación de un Observatorio de la gestión del agua en España y una plataforma web asociada.
Para acceder a la categoría superior del distintivo, las empresas acuícolas deben acreditar el cumplimiento de al menos tres condiciones específicas de sostenibilidad.
Entre estas medidas se incluye la ejecución de programas de actuación que logren reducciones del 10% en el consumo de agua respecto al trienio anterior o a las dotaciones fijadas por el Plan hidrológico de cuenca.
Asimismo, las instalaciones pueden optar al sello si realizan mediciones en continuo de la calidad de sus vertidos, asegurando que esta sea un 10% superior a los requisitos legales o eliminando nutrientes más allá de lo establecido en su autorización.
La normativa también valora positivamente la responsabilidad ambiental directa de las explotaciones. Las entidades pueden certificar su compromiso mediante acuerdos de custodia del territorio, la realización de labores de conservación y recuperación en las masas de agua asociadas o la instalación de elementos que faciliten el paso de la fauna piscícola en sus infraestructuras.
Del mismo modo, se contempla la implementación de mecanismos para la gestión de sedimentos en infraestructuras transversales como un requisito válido para obtener la distinción superior.
Más allá de los requisitos técnicos, la orden establece condiciones de integridad administrativa, exigiendo que los solicitantes no hayan incurrido en excesos de volumen de agua ni hayan recibido sanciones firmes graves o muy graves en los últimos tres años.
Una vez concedido, el sello tendrá una vigencia de tres años, tras los cuales deberá solicitarse su renovación acreditando que se mantienen o mejoran los estándares que motivaron su otorgamiento.
Las personas físicas y jurídicas distinguidas asumirán la obligación de remitir una declaración responsable anual y podrán ser objeto de controles aleatorios por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Aunque el sello tiene carácter voluntario, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha comprometido a fomentar la inclusión de estos requisitos en las convocatorias de ayudas, premios y subvenciones públicas.
Además, la obtención del distintivo otorga a las empresas el derecho a utilizar el logotipo oficial en sus comunicaciones y publicidad, así como la facultad de que el sello sea incluido por los registros mercantiles en sus notas informativas y certificados.
Este nuevo marco anticipa un escenario donde la transparencia y la digitalización de datos hídricos serán fundamentales para la competitividad y el reconocimiento institucional del sector acuícola.

