La deriva que está tomando la producción acuícola andaluza requiere de un plan de emergencia

Sevilla 21/07/2017 – La piscicultura andaluza “perderá” en un año el 28 por ciento de su producción de peces, más de 2.000 toneladas métricas, fruto de los problemas financieros que han venido arrastrando las empresas, el cierre de instalaciones y las dificultades de las que están operando para seguir creciendo. Tampoco hay un ambiente fácil para que se instalen nuevas empresas ya que la mayoría de espacios se encuentran bloqueados por propietarios sin interés en poner en marcha su concesión.

Las previsiones en este respecto que manejan desde APROMAR en su informe recientemente publicadas no pueden ser menos halagüeñas. La peor parada de este bache serán las producciones de lubina que pasarán de las actuales 6.081 toneladas métricas a las 3.766 toneladas métricas previstas para 2017.

La dorada también perderá volumen producido al pasar de 1.605 toneladas métricas en 2016 a las previstas de 1.560 toneladas métricas en 2017.

En valor se perderán más de 12 millones de euros. El efecto negativo se verá compensado por una mayor producción del lenguado senegalés que pasará de 450 toneladas métricas en 2016 y 542 toneladas métricas previstas para 2017. En valor este incremento representará más de 600.000 euros.

¿Qué está pasando en Andalucía para que se esté produciendo esta situación? Por una parte, en los últimos años se han hecho efectivos los problemas que venían acarreando los pequeños productores de esteros y que ha terminado con el cierre de instalaciones y con la concentración de la producción en pocos operadores con una alta capacidad financiera para hacer frente a los malos momentos.

De otra parte, los mejores espacios para producir peces y moluscos están bloqueados por operadores con licencia de cultivos marinos pero sin actividad.

Y finalmente está la cuestión más preocupante, empresas que ya han demostrado su viabilidad y que quieren seguir invirtiendo, y que se ven acosadas por la propia Administración, provocando la fuga de capitales a otras comunidades autónomas y otros países.

Por todo ello, esta situación requiere de un plan de emergencia por parte de la Administración para poner en valor todo el potencial de la acuicultura andaluza, sobretodo, si tenemos en cuenta que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía debe ser capaz de gestionar los más de 46 millones de euros de fondos europeos FEMP para desarrollar la acuicultura sostenible entre 2014 y 2020. Si no lo hace, serán fondos que se deberán devolver, con la consiguiente pérdida de empleo y riqueza para una región que no está sobrada de ninguna de las dos cosas.