Madrid 04/07/2011 - Las ayudas de innovación y tecnología de las Comunidades Autónomas son las más usadas y conocidas por la industria acuícola, con un 71 por ciento de implantación en el sector. La efectividad es muy alta en este ámbito y también resulta destacada en el caso del Plan Nacional de I+D+i, donde alcanza un 62 por ciento, y en aquellas procedentes de la UE, con un 56 por ciento.
Ésta es una de las conclusiones contenidas en la Agenda Estratégica de Investigación elaborada durante el año 2010 por la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA). El estudio es el resultado de un “amplio trabajo”, según lo describió el vicepresidente, Raúl Rodríguez, durante su presentación durante la Asamblea General de la organización.
Además, es fruto de la coordinación de 230 entidades y cerca de 300 expertos de todos los ámbitos. El objetivo de este documento de análisis y compilación es fijar un “plan de acción” a partir de las realidades actuales del sector en materia de I+D+i.
No es un ejercicio aislado, sino que representa la evolución de la Plataforma y de su actividad en los dos últimos años, en los que se realizaron dos aproximaciones a la industria a través de un “Informe del estado del arte” (2009) y una proyección del sector contenida en el documento “Visión 2020”.
Partiendo de la experiencia y perspectiva del grupo de acuicultura, las líneas financieras que, por el contrario, están peor implantadas en la acuicultura son el Fondo Europeo de Pesca, que no llega a un 41 por ciento de utilización y conocimiento y, por último, el programa CENIT, que es el menos empleado, con un 38 por ciento de introducción en el sector.
Este resultado se refiere al origen de la financiación, pero si se atiende a vías concretas de apoyo económico público, las menos demandas son los préstamos participativos de ENISA, el programa Eurostars, el de Energía Inteligente de Europa, el Programa Político de Ayuda a las TIC y las ayudas a la Preparación de Propuestas Comunitarias.
Además, si se compara con el conjunto de la industria pesquera, los resultados son muy similares y, particularmente, reflejan que la acuicultura es uno de los ámbitos que mejor aprovecha los fondos de la Administración para su desarrollo.
Así, por ejemplo, también a nivel general, las subvenciones e incentivos autonómicos son los más conocidos (74 por ciento) y utilizados (52 por ciento), muy por encima de la mayoría de líneas.
En cambio, es bastante inferior en el resto de fuentes de financiación, salvo en el FEP, en el que, lógicamente, se apoya con intensidad la industria extractiva, lo que eleva su aprovechamiento al 63 por ciento.
Este análisis forma parte de una radiografía que confiere a la actividad acuícola “un gran potencial de crecimiento” y entre sus valores, se destaca especialmente que “puede contribuir de manera efectiva a la utilización de los recursos naturales, a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico con un limitado y controlable impacto, complementando así la actividad pesquera”.
Éstas serían las fortalezas con las que cuenta el sector, pero debe afrontar unas debilidades basadas en el complejo marco legal de la UE y de sus estados, la desigualdad de oportunidades ante las importaciones, la lenta burocracia y la atomizada y débil estructura financiera del tejido empresarial.
Estos factores amenazan su desarrollo, pero también desvelan unas oportunidades que pueden llegar del campo de la investigación y el desarrollo, como son la mejora de la rentabilidad, la elaboración de productos de calidad, el correcto dimensionamiento de la oferta y la sostenibilidad medioambiental de la actividad.
Entre estos retos tecnológicos más valorados por los artífices de la Agenda Estratégica, por su relevancia, figuran la sustitución de proteínas y aceites de pescado por otros ingredientes (39 votos y fijado a corto plazo), el empleo de circuitos cerrados de agua (27 votos y a medio plazo), el aprovechamiento de subproductos industriales para la elaboración de piensos y el desarrollo de un protocolo de manejo en las materias primas alternativas (26 votos y también a medio plazo) y la realización de un plan de ordenación en mar abierto (misma puntuación y horizonte que el anterior).
Uniendo ambos apartados, es decir, los proyectos de investigación prioritarios y la financiación, el estudio de la PTEPA concluye que las que tienen unas necesidades de inyección económica más fuerte son aquellas destinadas a generar nuevos ingredientes para piensos, la promoción del producto, la mejora genética o la calidad del agua, entre otros. En cambio, el esfuerzo es menor en el caso de la seguridad alimentaria, los nuevos productos transformados, la mejora de la trazabilidad o la introducción de nuevas especies de interés tanto para el consumidor como para el empresario.

