La Unión Europea quiere aumentar su producción acuícola, pero sus políticas todavía no establecen con suficiente claridad quién debe participar en la planificación del sector ni cómo incorporar la opinión de ciudadanos y comunidades locales.
Esta es la principal conclusión de un estudio publicado en Marine Policy, que identifica una brecha entre la ambición participativa de la estrategia europea de economía azul y su desarrollo en las políticas específicas para la acuicultura.
Mientras los documentos generales de la UE reconocen la participación ciudadana como una condición para avanzar hacia una economía azul sostenible, las directrices acuícolas se concentran principalmente en consultar a los denominadas partes interesadas, sin definir con precisión quiénes forman parte de este grupo.
La investigación, realizada por Elli Arvola, de la University of Eastern Finland, analiza siete documentos de la Comisión Europea publicados desde 2021 y los complementa con nueve entrevistas a responsables comunitarios, organizaciones no gubernamentales y un representante de los intereses de la industria acuícola europea.
El análisis muestra que conceptos como ciudadanía, inclusión o participación pública aparecen con mucha menor frecuencia que el término partes interesadas, especialmente en los documentos relacionados con el marco regulatorio y administrativo.
Esta falta de concreción puede tener consecuencias prácticas. Cuando la participación se limita a informar a la población o a buscar su aceptación una vez definido el proyecto, en lugar de integrarla desde las primeras fases, aumenta el riesgo de oposición local. Esto puede complicar la ordenación del espacio, retrasar las autorizaciones y reducir la licencia social de instalaciones marinas, continentales o terrestres.
El trabajo también señala que las políticas europeas tienden a presentar a los ciudadanos como consumidores o receptores de información, más que como participantes activos capaces de aportar conocimiento local.
Para la autora, mejorar la aceptación social de la acuicultura no depende únicamente de explicar mejor sus beneficios, sino también de aclarar quién puede intervenir, en qué momento y con qué capacidad real para influir en las decisiones.
Como respuesta, el estudio propone desarrollar una guía o caja de herramientas europea específica para la participación pública en la planificación acuícola.
Este instrumento podría ayudar a administraciones y promotores a identificar a los grupos afectados, organizar consultas tempranas y reducir conflictos antes de que los proyectos lleguen a la fase final de autorización.
Los resultados deben interpretarse con cautela. El trabajo analiza la visión contenida en las políticas europeas, pero no estudia cómo se aplican en cada Estado miembro o territorio. Además, las entrevistas incluyen una sola representación directa de la industria y ninguna realizada a ciudadanos.
La siguiente fase debería comprobar cómo estas orientaciones se trasladan a casos concretos, especialmente en regiones mediterráneas donde la acuicultura compite con el turismo, la pesca, la conservación ambiental y otros usos del espacio costero.
Referencia científica
Arvola, E. (2026). Visions of public participation in EU aquaculture policy. Marine Policy, 193, 107226. DOI: 10.1016/j.marpol.2026.107226
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