La reforma del Reglamento General de Costas ha abierto un conflicto político entre el Gobierno, el Senado y varias comunidades autónomas.
Su objetivo es responder al procedimiento de infracción de la Comisión Europea por no garantizar siempre una selección transparente en las concesiones costeras para actividades económicas.
Para la acuicultura, el texto puede cambiar cómo las empresas acceden y mantienen el uso del dominio público marítimo-terrestre. Aún no está aprobado.
El borrador fija en 75 años el plazo máximo de las concesiones para cultivos marinos y salinas, incluidas prórrogas. Es un límite, no un derecho automático, y deberá concretarse en cada caso. Queda por aclarar si incluye instalaciones auxiliares.
La principal novedad es la obligación de adjudicar concesiones mediante procedimientos competitivos. Si la comunidad autónoma ya aplica concurrencia, podrá integrarse; si no, habrá que convocar concurso. Esto aporta transparencia, pero puede perjudicar al promotor inicial.
La reforma también puede complicar el sistema autonómico, con un año para adaptar criterios. El MITECO tendrá dos meses para informar y, si no lo hace, el silencio será negativo, lo que podría generar retrasos.
El punto más sensible afecta a prórrogas concedidas tras la reforma de 2013. Podrían revisarse y limitarse al tiempo necesario para amortizar inversiones previas a febrero de 2023. Si el titular no acepta, podría revocarse la concesión con indemnización. También hay incertidumbre sobre expedientes en curso.
Estas medidas han generado críticas del Senado y de varias comunidades, que piden más participación y una reforma con rango de ley. El Gobierno defiende que es necesario para cumplir la normativa europea.
El sector reclama claridad sobre el impacto real, la protección de inversiones y la coordinación entre administraciones.
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