La reforma del Reglamento de Costas puede alterar la tramitación de concesiones acuícolas en el litoral

El Gobierno ha iniciado una modificación del Reglamento General de Costas que puede tener implicaciones relevantes para la tramitación de concesiones demaniales en el litoral, incluidas aquellas vinculadas a actividades acuícolas que requieren ocupación o uso del dominio público marítimo-terrestre.

La medida ha sido comunicada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a los presidentes de Canarias, Illes Balears y Andalucía, comunidades con competencias transferidas en materia de Costas. Según la información trasladada por el Ejecutivo, el cambio se incorporará al proyecto de reforma reglamentaria mediante un Real Decreto que deberá aprobar el Consejo de Ministros.

El punto central de la reforma es la creación de un mecanismo de cooperación para las concesiones demaniales. En la práctica, la administración autonómica notificará al Estado cada solicitud en tramitación y la Administración General del Estado dispondrá de un plazo máximo de dos meses para emitir por escrito su criterio, limitado a la garantía de la integridad física y del uso público del dominio público marítimo-terrestre.

Cuando existan discrepancias entre ambas administraciones, se abrirá un periodo de consultas de hasta un mes para tratar de alcanzar un acuerdo. El esquema se completará con una Comisión de Seguimiento del traspaso, de composición paritaria, destinada a facilitar la cooperación en la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre.

Se espera menos burocracia para la acuicultura

Para la acuicultura marina, el cambio debe leerse en clave de seguridad jurídica, planificación y capacidad de inversión. Las granjas marinas, instalaciones auxiliares en tierra, conducciones, tomas de agua, emisarios o infraestructuras asociadas pueden depender de autorizaciones y concesiones sobre espacios litorales sometidos a una compleja distribución competencial entre Estado y comunidades autónomas.

La reforma podría reducir incertidumbres si clarifica los plazos y el papel de cada administración en la tramitación de los expedientes. Sin embargo, su alcance real dependerá de la redacción final del Real Decreto y de cómo se articule la relación entre los criterios autonómicos y estatales en cada caso concreto.

La prudencia es necesaria. El Govern balear ya ha cuestionado que el anuncio suponga un refuerzo efectivo del autogobierno y ha señalado que algunos de los mecanismos anunciados ya estaban contemplados en su marco competencial. También ha advertido del riesgo de que determinados procedimientos deriven en mayor paralización administrativa si no se resuelven con claridad los efectos de los informes y los plazos.

Para el sector acuícola, la clave estará en comprobar si la reforma contribuye a agilizar la renovación y obtención de títulos de ocupación, reduce la litigiosidad y ofrece un marco más estable para proyectos de crecimiento en regiones con peso estratégico en cultivos marinos, como Andalucía, Canarias, Baleares o el conjunto del litoral mediterráneo.

La modificación se produce además en un contexto más amplio de revisión del Reglamento General de Costas. El Ministerio para la Transición Ecológica mantiene abierto un proceso de reforma orientado a adaptar el régimen de concesiones a la Directiva de Servicios y al artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tras las observaciones de la Comisión Europea sobre los procedimientos de selección y prórroga de concesiones para actividades económicas en el dominio público marítimo-terrestre.