Los ecologistas consideran que la Junta de Andalucía y Costas deben anular la concesión de la piscifactoría de Camposoto

Cádiz 4/08/2017 – Ecologistas en Acción han mostrado su indignación ante el “desastre ecológico” de la mortandad sucedida en la piscifactoría de Cultivos Marinos Integrales en la antigua salina de la Leocadia en Camposoto, San Fernando, y han denunciado “la pasividad” de las administraciones públicas.

Igualmente, la Asociación para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (AGADEN) se suma a este malestar y considera que la mortandad de las doradas “podría haberse evitado”. Este colectivo como indican en un comunicado, hace más de un mes solicitó a las delegaciones territoriales de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y al Consejo Rector del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, “una rápida actuación” para evitar que se produjera “un problema medio ambiental derivado de esta mortandad”.

Ambos colectivos consideran que la Junta de Andalucía y a la Demarcación de Costas tendría que anular la concesión de la piscifactoría, y proponen que se estudie el asunto por si tuviera que intervenir la fiscalía por delito ambiental o similar.

Para los Ecologistas, la administración está actuando con pasividad ante “el desastre ecológico anunciado”. “No se entiende que teniendo perfecto conocimiento desde hace meses del estado e abandono, ni la Demarcación de Costas, que otorga la concesión de los terrenos de dominio público, ni la Junta de Andalucía, que otorga las autorizaciones para la explotación acuícola, hayan hecho nada. Sólo inspecciones a golpe de denuncias que han comprobado la gravedad de la situación… y poco más”.

Como explican los ambientalistas, tanto la Ley de Costas como el Decreto de Acuicultura de la Junta de Andalucía “otorgan facultades a las administraciones para anular las concesiones o autorizaciones cuando se incumplan de forma grave, es el caso las condiciones de las mismas”.

Según Ecologistas, el artículo 24 del Decreto 58/2017 obliga a la última persona titular de la concesión a reponer cualquier alteración que su actividad haya ocasionado en el medio y restaurar la zona en su estado natural, previo informe de la Administración Ambiental.

Igualmente acusan a la Consejería de Medio Ambiente y a la Junta Rectora Parque Natural de la Bahía de Cádiz de “pasividad”, ya que la piscifactoría se encuentra dentro de su espacio.