Cádiz 21/06/2011 – Los productores piscícolas andaluces están sufriendo una serie de robos por bandas organizadas que roban por encargo, o al menos así es como parece ser a la vista de la cuantía y frecuencia de las sustracciones.
Las pérdidas que vienen sufriendo podrían poner en peligro la subsistencia y viabilidad de la producción en esteros, según informaron desde ASEMA a misPeces.com.
“Los numerosos y frecuentes robos que sufrimos ponen en serio peligro la subsistencia de las empresas y el mantenimiento de los empleos asociados a la actividad, ya que en estos momentos existen varias bandas organizadas que se dedican a robar de manera itinerante por todas las explotaciones existentes en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz”.
Según señalaron, han sido numerosas las gestiones que tanto a nivel particular como a nivel de la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía –entidad que agrupa a más del 95% de la producción en la CCAA de Andalucía– se han tratado de realizar, tanto con las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como con las distintas administraciones siendo, por el momento, los resultados prácticamente inexistentes.
“El nivel de profesionalidad adquirido por las bandas y las elevadas cantidades de pescado que sustraen semanalmente nos hace pensar que existen igualmente redes o puntos donde se produce la receptación de la mercancía sustraída, e incluso que estos robos se producen ‘por encargo’; es decir, existen intermediarios que demandan la mercancía”, señalaron desde ASEMA.
A lo que añaden que “este hecho, que podría suponerse como una mera interpretación por nuestra parte, se convierte en constatación cuando nuestros clientes habituales rechazan comprar nuestro producto porque ya se encuentran abastecidos”.
“Nos encontramos ante un verdadero problema de seguridad alimentaria, pues todo el pescado robado en nuestras instalaciones se está introduciendo ilegalmente en el circuito comercial sin realizarse los obligatorios controles sanitarios a los que los sometemos y suponiendo, por tanto, un delito contra la salud pública y un verdadero fraude para aquellos establecimientos que inconscientemente estén adquiriendo el producto a través de estas redes”.
Por si fuera poco el expolio que vienen sufriendo las empresas, la intensidad ha ido creciendo hasta el punto de que se hayan documentado asaltos a las instalaciones donde los vehículos de los trabajadores han sufrido atentados intimidatorios e incluso se han constatado asaltos a las oficinas y almacenes, “con lo que debemos empezar a hablar de verdadero peligro para la integridad física de las personas”, añadieron.
Además los empresarios se quejan no solo del perjuicio directo que supone el robo de pescado de tamaño comercial, reproductores y mortalidades asociadas al estrés sufrido por los peces, sino que el acceso ilegal a las instalaciones también suponen daños en ellas a través de la rotura de vallas, puertas, cerraduras, y maquinaria.
Para tratar este asunto la pasada semana se produjo una reunión en Asamblea General con el objetivo de denunciar la situación, que de prolongarse, podría suponer el cierre progresivo de las empresas ante la imposibilidad de obtener la más mínima rentabilidad.
“Así pues, a fin de solucionar estos problemas y evitar el cierre de las empresas, reclamamos una mayor y mejor coordinación entre todos los implicados, centrándose fundamentalmente en el control de la compra/venta ilegal del producto”, concluyeron.

