Madrid 18/10/2017 – La situación de sequía que atraviesa la península Ibérica, si persistiera y se agravara terminaría afectando en primer lugar a la actividad acuícola continental por estar considerada al mismo nivel que los usos recreativos, los industriales o agrarios.
Así lo ha afirmado recientemente el director académico del Foro de la Economía del Agua, Gonzalo Delacámara, que ha señalado que es “la peor sequía en dos décadas”, aunque asegura que el abastecimiento para consumo humano no peligra ya que sería el último en ser restringido.
En este punto, ha insistido en "no alarmar a la población", aunque ha apuntado que los datos actuales de agua embalsada, al 38,3 por ciento de su capacidad total, son los más bajos de los últimos 10 años.
Siempre que hay una crisis de agua hay una crisis de gobernanza, que implica a la Administración del Estado a través de diferentes ministerios, a las confederaciones hidrográficas, gobiernos regionales y municipios, pero también es un fallo de los agentes privados y de la sociedad civil. No se trata de "apuntar con el dedo" sino de cooperar todos para resolver esas crisis de gobernanza", ha añadido.
Es por ello la importancia de que el sector participe en el Pacto Nacional del Agua (PNA). Según informaron al respecto desde la Organización de Piscicultores Productores (OPP) la dirección general del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha comenzado a trabajar para intentar consensuar le futuro Plan Nacional por el Agua, en cuyo parlamento participarán a través de ASAJA, José Carlos Caballero y Raúl Rodríguez Sáinz-Rozas.
Dentro de los objetivos que merecen mayor atención del sector está el de cumplimiento de los objetivos medioambientales y la puesta en marcha de medidas de Gobernanza del Agua; y dentro del primero, lo que más puede afectar a los intereses de los piscicultores están los asuntos relacionados con los caudales ecológicos.

