Portugal 10/06/2016 – La ministra portuguesa del Mar, Ana Paula Vitorino, ha destacado esta semana que hasta finales de este año deberá entrar en vigor una nueva ley de acuicultura por el que los trámites para la obtención de licencias deberán pasar de tres años a tres meses.
La ministra que realizó estas declaraciones para Jornal de Negocios defendió la necesidad de alcanzar lo objetivos programados, para contribuir “a una mayor estabilidad política”.
“Hace muchos años que tenemos el problema de estar siempre hablando del potencial ligado al mar, pero después nunca concretizamos. El porcentaje de la economía del mar en el PIB se ha mantenido persistentemente entre el 2,4 y el 2,5 por ciento, sin consideramos la parte de la ciencia”. Nuestro desafío es pasar del potencial a la realidad. Nos hemos fijado como objetivo de este gobierno duplicar el peso de la economía del mar hasta 2020”, indicó.
Para que se alcancen estas metas tan ambiciosas, adelantó Vitorino, es necesario apostar en la industria tradicional, la industria emergente y la componente geoestratégica del país, y para ello es necesario, encima de todo, “garantizar los mecanismos de financiamiento y simplificación administrativa”.
Cabe destacar que dentro del ambicioso Plan Estratégico de Acuicultura para el periodo 2014-2020 Portugal se ha planteado pasar de las actuales 10.000 Tm hasta las 35.000 TM en 2023.
Para ello, en el plano financiero el programa planteado por el gobierno tiene designados 59 millones de euros, de los cuales 39,5 millones de euros, están destinados a inversiones productivas.
Por otra parte, se plantea una serie de decisiones administrativas que pasan por la ocupación de las áreas actuales establecidas, la delimitación de nuevas áreas donde se puedan desarrollar nuevos cultivos, la rehabilitación de zonas húmedas, lagunas y salinas; y el reaprovechamiento de establecimientos inactivos.
De otra parte, y para agilizar el proceso administrativo, el gobierno portugués está trabajando en la puesta en marcha de una “ventanilla única” que permita la reducción de los plazos administrativos de concesión.

