El Tribunal Constitucional se encuentra ante un periodo de intensa actividad en las próximas semanas, en el cual deberá resolver los conflictos políticos que aquejan a nuestra nación. Uno de los casos más relevantes que incide directamente en el ámbito de la política pesquera y acuícola es la impugnación de la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral de Galicia presentada por el presidente del Gobierno Central, alegando su inconstitucionalidad.
Con esta Ley el gobierno autonómico de Galicia busca el establecimiento de una organización administrativa del litoral que “garantice la gestión integrada, a través de técnicas y efectivas de coordinación, colaboración, cooperación y participación”.
En el área de la acuicultura, Galicia, al igual que la mayor parte de las Comunidades Autónomas, tiene la competencia exclusiva siendo, la presente Ley “complementaria a la legislación reguladora de esta actividad”.
Según se recoge en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, los preceptos impugnados afectan a la gestión del litoral, la pesca marítima, y las competencias autonómicas, entre otras cuestiones.
En su recurso, el presidente del Gobierno ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que ha resultado en la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de presentación del recurso para las partes del proceso y desde la publicación del correspondiente edicto en el BOE.
Acceder al documento publicado en el BOE (acceso abierto):
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6521-2023, contra diversos preceptos de la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia
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