Raúl Rodríguez comenta la aprobación por el Congreso de la Ley de Morosidad

Madrid 02/07/2010 – La Organización de Productores Piscicultores (OPP) y Aquapiscis, a través de su gerente general, Raúl Rodríguez, esperan que con la aprobación de las medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, se reduzcan los plazos de pago que suponen “un serio lastre para la competitividad y liquidez de nuestras explotaciones agrarias y cooperativas”.

Rodríguez recuerda que en la publicación en el BOE el pasado 29 de junio, de la Proposición de Ley 122/000147, de Modificación de la Ley 3/2004, se contemplan unos plazos de pago máximos obligatorios de 30 días para los productos frescos y perecederos, y 60 días para los no perecederos.

En este sentido ha recordado que, “en España, los plazos de pago real, que alcanzan los 101 días en operaciones comerciales entre empresas privadas y los 154 días en las relaciones comerciales con la Administración, duplican los plazos de pago de países como Alemania, Gran Bretaña y Francia, y triplica y cuadriplica con respecto a países como Dinamarca o Suecia, lo que repercute muy negativamente en nuestra competitividad”.

Añade que el sector insta a las Comunidades Autónomas a que garanticen el control y aplicación efectiva de la nueva normativa. Además recuerda, que se ha eliminado la cláusula “salvo pacto entre las partes” solicitada por el sector para lograr una reforma estructural del tejido productivo y defender los intereses de las PYMES y de los autónomos.

“Se ha modificado el cómputo del plazo de pago, que a partir de ahora será desde la entrega de la mercancía y no desde la emisión de la factura. A ello se suma la obligatoriedad de documentar la operación de entrega y recepción”, indicó.

Otra de las modificaciones más llamativas de la reforma de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, para Raúl Rodríguez, es la obligación de estipular en las cuentas anuales el plazo medio de pago a los proveedores. “Esta imposición supondrá que cualquiera podrá saber fácilmente si la empresa con la que va a contratar cumple los plazos de pago que estipula la ley o si, por el contrario, es morosa”, señaló.

“Lo único que no se ha llevado adelante es el establecimiento de un régimen sancionador para toda la cadena agroalimentaria. En la reforma aprobada se restablece el régimen sancionador de la Ley de Comercio Minorista, pero, a juicio del sector, para lograr una eficacia total de la Ley, se debería extender al resto de eslabones. El Congreso ha dejado la puerta abierta a un desarrollo de ese régimen sancionador en la Ley de Economía Sostenible”, añade.

“Ahora procede adherirnos a la necesidad de establecer la Ley de Comercio en Márgenes Comerciales”, concluye el gerente general de Aquapiscis.