Se aprobó la piscifactoría de Rinlo porque afectaba a una parte reducida de Red Natura

Santiago de Compostela 01/02/2013 – El funcionario de la Xunta de Galicia acusado de avalar presuntamente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la piscifactoría de Rinlo, en Ribadeo, en zona de Red Natura ha argumentado durante el juicio que hizo su dictamen en base a que el porcentaje de área protegida era reducido.

Durante la declaración, recogida por diversos medios de comunicación esta semana, el empleado público ha explicado cómo el Gobierno gallego estudió las dos alternativas propuestas por la empresa promotora, optando por la opción que cumplía con las “recomendaciones” de los técnicos.

En estas recomendaciones, se retiraron tanques y se practicaron otros cambios, que finalmente resultaron en que el porcentaje de terreno protegido que se veía afectado se mantenía.

Además, ha admitido que "siempre existe un impacto" paisajístico en este tipo de proyectos y, en este caso concreto, se inició una excavación "que sigue allí". Las instalaciones diseñadas para Rinlo debían ser soterradas y las "medidas vegetales" debían reducir el impacto de la construcción, que también incluía un edificio de servicios con bajo y primera planta.

En cuanto a la respuesta que la Comisión Europea dio a la queja presentada por Adega, que ejerce, además, como acusación particular en el juicio, el funcionario ha replicado que "dijo que el expediente se había llevado bien".

Entre los testigos, el actual Subdirector de Espacios Naturales, Rogelio Fernández Díaz, ha insistido en que el criterio del porcentaje de afección a terrenos protegidos es un criterio que se aplica, aunque "no solo ese", en este tipo de proyectos para determinar si se autorizan o no. En el caso de Rinlo, ha agregado, era del 0,13 por ciento, por lo que "parece poco significativo".

Otro empleado público de la Xunta, José Manuel Pena, llamado, como Fernández Díaz, por la defensa, explicó que él participó en la DIA y señaló que el terreno protegido que finalmente se veía afectado era de 218 metros cuadrados. Asimismo, ha explicado que se descartó una alternativa, propuesta por la Administración gallega, para construir las instalaciones fuera de terreno protegido por motivos fundamentalmente "económicos".

Un jefe de servicio del área de Medio Ambiente en Lugo, Antonio Callejo, ha admitido que los informes realizados respecto a este proyecto en la provincia incluían la posibilidad de que se causasen efectos irreversibles en la zona. "Usamos un puede, no afirmamos que sea", ha puntualizado y ha sostenido que no entraban a "valorar la afección". "Si lo tuviésemos claro, diríamos afecta", ha agregado.