Tensiones entre la industria salmonera chilena y sus instituciones por las comunidades locales

Chiloé (Chile) 25/10/2017 – La industria salmonicultora en Chile y la Administración mantienen un tenso pulso debido a la relación de los primeros con las comunidades locales donde se ubican los centros de producción, en las regiones del sur del país.

Ante esta situación, el cruce de acusaciones ha subido de tono y recientemente el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Berazaluce recriminaba al sector industrial la necesidad de mejorar “de manera urgente” su relación con las comunidades locales.

En este sentido, y después de recordar cómo la Administración ha estado apoyando a la salmonicultura en los distintos episodios sufridos en estos años como el ISA, o más recientemente el fenómeno de afloramiento de microalgas (FAN), indicó que “la industria no debe olvidar que no son los únicos actores de la actividad, también lo son sus trabajadores, los prestadores de servicios y otros quienes sufren los embates de malas decisiones de las empresas, como aumentar descontroladamente la producción o no tener buenas prácticas ambientales y sanitarias. Por ende, los costos de las crisis no son solo para las empresas, sino para todo el sistema, incluso para las comunidades en que se inserta la actividad”.

El subsecretario indicó que deben realizar un análisis de introspección para indagar las causas y abordar los desafíos que plantea su relación con las comunidades en que realiza su actividad. “Las relocalizaciones no han avanzado efectivamente pero no basta responsabilizar al Estado. Debemos transparentar lo que ha ocurrido”.

La autoridad nacional señaló que “la industria olvida mencionar que una parte de ella, no quería que sus vecinos pudieran acercarse a sus centros de cultivo, presentaron más de 1.000 solicitudes de choritos (mejillones) en la región de Aysén, situación que obligó a dictar una ley que permitiera rechazar las solicitudes y cerrar el acceso a todo tipo de concesiones, generando un bloqueo de todo el proceso por cerca de tres años. El parlamento impuso como condición considerar los caladeros de pesca y en ello manifestó su preocupación por la forma como la industria ha dado las espaldas tanto a la pesca artesanal como a las comunidades en que se desarrolla la actividad”.
 
“El caso de Chiloé fue una muestra inequívoca de esta tarea pendiente. Las acusaciones en su contra surgieron precisamente porque la comunidad no los aprecia ni reconoce su trabajo y relación saludable con los vecinos. Esto es un síntoma claro que la industria no ha sido capaz de ponderar este elemento clave para la sustentabilidad de cualquier actividad económica”.
 
“Mientras cada cual no asuma su responsabilidad y aborde las tareas pendientes que son de su cargo con decisión, seguiremos enfrentando obstáculos para sacar adelante objetivos de gran envergadura como las relocalizaciones”, puntualizó.