Un anexo al convenio de acreedores trata de salvar de la liquidación a Pescanova

Vigo 28/04/2014 – Este lunes Pescanova hará un último intento para salvar a la compañía de la liquidación, con la entrega en el juzgado de Pontevedra de un anexo de propuesta al actual convenio de acreedores.

Consejo de Administración y banca acreedora G7 (Sabadell, Popular, NCG, Caixabank, BBVA, UBI y Bankia) pasan a sustituir el consorcio integrado por Damm y Luxempart. Con este nuevo acuerdo, la banca pasa a inyectar 115 millones de euros que podría llegar a ser 125 millones y recuperarán 1.000 de deuda, frente a los 700 millones de la anterior propuesta.

Ahora la deuda se reestructura en 400 millones con calificación sénior, 300 millones de deuda junior y 300 millones de deuda subordinada cuyo cobro queda supeditado al de los dos primeros.

En la inyección de capital quedarán diluidos los accionistas, lo que supondrá una merma en el consejo de administración de Pescanova, quedando fuera José Carceller. Damm quedaría con el 7 por ciento del capital.

En este futuro escenario, Banco Sabadell, el mayor acreedor de Pescanova (226,7 millones), se convertiría en el primer accionista de la compañía tras capitalizar deuda. A continuación de la entidad que preside Josep Oliu figurarían Banco Popular, que tiene créditos pendientes por 182 millones; Caixabank, con 178 millones; NCG, con 147 millones, y BBVA, con 105 millones de euros.

La banca ha dejado ya claro que la prioridad es el mercado español y que no inyectará dinero para impedir, por ejemplo, la subasta de los activos en Chile, que ha entrado ya en su recta final. Pero tampoco para salvar los negocios de acuicultura en Centroamérica y Portugal.

Pero antes de eso, el juez, Roberto de la Cruz, tendría que admitir a trámite este anexo con correcciones a la propuesta de convenio en vigor.

A pesar de la intención, según ha trascendido en La Voz de Galicia, los juristas ven altamente compleja esta propuesta por varias razones. Entre ellas, porque se quiere modificar un documento que está en pleno proceso de adhesiones, y también, porque los acreedores que reclaman deudas inferiores a 100.000 euros podrían impugnar el nuevo texto si no se contemplan las mismas condiciones de recuperación del 100 por ciento de la deuda que se les garantiza en el primer convenio.