Un ex representante bateeiro ve que la sanción de CNC puede hacer desaparecer al sector

Illa de Arousa (Pontevedra) 03/05/2011 - La sanción de 1,79 millones de euros a 15 asociaciones productoras de mejillón por parte de la Comisión nacional de la competencia (CNC) puede suponer la desaparición de las bateas para el cultivo de los moluscos, afirmó Julián García, exrepresentante de ese sector, quien anunció la intención de recurrir la decisión.

La pasada semana la CNC anunció la sanción a Opmega, con 901.518,16 euros; FARN, con 479.000 euros; Agame, con 118.500; Amegrove, con 118.500; Illa de Arousa, con 42.000 euros; Socomgal, con 48.500; AMC, con 39.500; Cons de Udra, con 30.000 euros; A Boirense, con 6.000; San Amaro, con 2.500; y Amevila, con 2.000.

También figuran Egrome, con 1.600 euros; Apromar (Asociación de Productores de Mejillón de Ares Betanzos), con 1.500 euros; Seixo, con 1.000 euros y Xidoiros, con 600 euros.

Según indicó la CNC la sanción se ha producido al haber hallado pruebas de fijación de precios de venta, reparto de la producción y establecimiento de condiciones comerciales comunes entre las citadas organizaciones.

"La vía administrativa la tenemos cerrada pero recurriremos a los tribunales de justicia", indicó García, y opinó que es "impensable pagar esa cantidad" porque eso "supondría la ruina y habría que abandonar las bateas".

Los productores de mejillón sufren "once años en declive" y se encuentran en "un momento crítico", argumentó García, y afirmó que "si realmente hubiera esas práctica anticompetitivas como dice Anfaco" el sector "estaría bien".

García opinó, al contrario, que es necesario "asociarse" para evitar que los productores de mejillón actúen divididos, lo que contribuiría, a su juicio, a acabar con el sector.

Al respecto de las sanciones, el Consejo de la CNC ha decidido instar a la Dirección de Investigación a la incoación de un expediente sancionador a Anfaco como consecuencia del carácter "anticompetitivo" de determinadas conductas de esta asociación puestas de manifiesto en el marco de este expediente.

El organismo ha recordado que en octubre de 2008, la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Mariscos (Anfaco) denunció ante la CNC a una serie de entidades que aglutinan a los productores de mejillón en Galicia.

Posteriormente, la Dirección de Investigación de la CNC inició una información reservada para determinar las circunstancias que justificasen la incoación de expediente sancionador, por lo que en mayo de 2009 se realizaron inspecciones en una de las principales organizaciones de productores de mejillón de Galicia, así como en la sede del Consejo Regulador del Mejillón de Galicia.

Cabe recordar que como resultado de la información recabada, la Dirección de Investigación de la CNC acordó en julio de 2009, la incoación de expediente sancionador contra una serie de entidades productoras de mejillón de Galicia, por una posible infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

En su resolución, el Consejo de la CNC ha considerado acreditado que, al menos desde 1997, ha sido práctica habitual por parte del sector y en particular de estas entidades, la negociación para coordinar las condiciones de venta del mejillón.

Para estas negociaciones, según ha explicado, han utilizado distintos medios como reuniones del Consejo Regulador o encuentros bilaterales o multilaterales aunque siempre "encaminados, a un mismo fin, que es la fijación de precios y otras condiciones comerciales".

La CNC ha considerado que estas entidades buscaron siempre organizar el reparto de pedidos y, en determinadas épocas de coordinación más fuerte, centralizar las ventas (Cemega, central de ventas 2006-2007 y Pladimega) como mecanismo complementario al sostenimiento de los precios fijados.

Asimismo, ha destacado que para asegurar el funcionamiento de estos acuerdos recurrieron con "frecuencia" a intercambiar información confidencial mediante instrumentos variados y a emplear mecanismos de control que, en determinados momentos, han llegado a concretarse en "boicots y represalias" a otros productores que no querían seguir los acuerdos en un momento dado.

Para la CNC, estas actuaciones tienen un carácter "anticompetitivo, ya que su finalidad es fijar los niveles de precios de venta del producto y otras condiciones comerciales, así como establecer mecanismos de reparto de las ventas que contribuirían a mantener los precios fijados ante los clientes".