La gestión del gran cormorán (Phalacrocorax carbo) vuelve a situarse en la agenda europea por su impacto sobre la pesca continental, los ecosistemas acuáticos y la acuicultura. En el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE celebrado el 26 de mayo de 2026, Chequia, con el apoyo de Croacia, Estonia, Finlandia, Letonia, Polonia, Rumanía, Suecia y Eslovaquia, pidió iniciar sin demora los trabajos para un Plan Europeo de Gestión del gran cormorán.
El objetivo es superar la fragmentación de las respuestas nacionales y regionales frente a una especie móvil y transfronteriza. Los Estados promotores reclaman un marco común basado en datos científicos, seguimiento armonizado de poblaciones, evaluación de daños y cooperación entre países.
Para la acuicultura, el debate tiene una dimensión claramente productiva. En sistemas abiertos o semiabiertos, la predación puede traducirse en pérdidas de biomasa, heridas en los peces, estrés, mayor presión sanitaria y costes adicionales en redes, disuasores y medidas de protección. El problema afecta especialmente a estanques, lagunas, valles de pesca, piscicultura continental y modelos extensivos, incluidos los esteros del sur de la península ibérica, donde el margen de prevención es más limitado.
El gran cormorán no figura actualmente en el Anexo II de la Directiva Aves, que recoge las especies que pueden ser objeto de caza bajo legislación nacional. Por tanto, no puede tratarse como una especie cinegética ordinaria. La Directiva permite, no obstante, aplicar derogaciones para prevenir daños graves a poblaciones de peces e instalaciones acuícolas, aunque estas se utilizan de forma muy diversa entre Estados miembros.
En España, el debate sigue más ligado a controles autonómicos y conflictos en ríos que a una estrategia acuícola estatal. La presión europea para crear un plan común podría abrir una vía para ordenar criterios, datos de daños y medidas de prevención también en la piscicultura continental española.
En paralelo, en Italia ha aumentado la presión política para que el Gobierno se incorpore al frente de Estados miembros que reclama una gestión europea del gran cormorán. La eurodiputada Anna Maria Cisint ha pedido al ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, que lleve este debate al Consejo de la UE y defienda la inclusión del cormorán en el Anexo II A de la Directiva Aves, una modificación que permitiría a los Estados miembros regular su aprovechamiento cinegético conforme a sus normativas nacionales, pero que requeriría una reforma legislativa europea.
Para el sector acuícola europeo, la cuestión central no es solo si el cormorán debe incorporarse o no al listado de especies cazables, sino si la UE será capaz de pasar de respuestas locales y emergenciales a una gobernanza común de la predación. Un plan europeo permitiría avanzar hacia datos compartidos, criterios uniformes para estimar daños, procedimientos más ágiles y un equilibrio más claro entre conservación de la biodiversidad y sostenibilidad económica de las empresas acuícolas.
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