
Resulta irónico que con lo poco que le interesa al gobierno español la acuicultura, el siguiente conflicto diplomático abierto con Marruecos puede venir de este sector. Desde hace unas semanas venimos informando de la instalación ilegal de una granja de acuicultura marroquí a menos de una milla de la isla Del Congreso en el archipiélago de Chafarinas. Como se puede comprobar de una imagen tomada desde Google Earth, la granja está en aguas de soberanía española lo, que suponen una ‘ocupación ilegal’, un riesgo para la navegación y una amenaza para el medio ambiente.
El Gobierno de Marruecos que no reconoce las aguas territoriales españolas ha autorizado y publicado la concesión en su Boletín Oficial el pasado 7 de marzo a favor de la empresa Mediterranean Aquafarm SA, con sede en Ras Kebdana, en la provincia marroquí de Nador.
Después de intentar silenciar este nuevo roce diplomático con Marruecos, todo hace indicar que el Gobierno ha decidido actuar a través de dos vías: presentando una protesta diplomática a Marruecos y abriendo expediente a la empresa. De no hacerlo, según adelanta El País, habría supuesto “asumir como hecho consumado que las Chafarinas no tienen aguas territoriales”.
Por su parte, el Ministerio de Transportes ha abierto expediente a la empresa española especializada en el suministro de redes y entramados, con sede en Amposta y filial de una noruega, que ha instalado la granja para que, en el plazo de 20 días, retire los viveros. De lo contrario, según publica El País, se expone a una sanción por instalarlas sin autorización, vulnerando la normativa medioambiental y de seguridad marítima.
Las Chafarinas y las aguas que la rodean están declaradas Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000.