Grupo participante en Dictamen CESE /Foto: CARM
Murcia 13/09/2013 – La acuicultura española necesita que le levanten el ánimo, y es que a pesar de las horas bajas que está viviendo, el potencial está ahí y las posibilidades de desarrollarlo también. Al menos así se extrae de las intervenciones políticas de ayer durante la clausura de la jornada para la realización de un Dictamen por parte del Comité Económico y Social Europeo (CESE).
De una parte el presidente de la Región de Murcia, anfitriona de este encuentro, Ramón Luis Valcárcel, ha afirmado algo que en el sector ya se viene escuchando desde hace tiempo y es que, en el próximo Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP) 2014 – 2020, habrá un “trato especial” por parte de la Unión Europea para la actividad acuícola.
Valcárcel señaló que, por primera vez, la acuicultura va a disponer dentro del próximo marco estructural europeo 2014-2020 de un Plan Estratégico propio para su desarrollo, lo que significa "oportunidades, pero también trabajo y mucha responsabilidad".
Al respecto de la Comunidad Autónoma murciana, este nuevo FEMP “permitirá que este sector siga recibiendo ayudas, y se consolide en la Región como una actividad emergente, estratégica y de futuro”. Así, señaló Valcárcel, se "incrementarán las posibilidades para tratar de convertir a la acuicultura en un sector altamente competitivo que mejore la balanza comercial europea respecto a los productos pesqueros".
Los FEMP ofrecen nuevas posibilidades de financiación, aunque no será al gusto de todos
En la misma línea se mostró el Secretario General de Pesca del MAGRAMA, Carlos Domínguez, que durante su intervención en la jornada de clausura mostró la intención de apoyar a la acuicultura desde el departamento que dirige.
Domínguez alineó su postura con la del Dictamen e indicó al respecto que se trata de un trabajo que realiza un profundo análisis de la situación actual de la acuicultura europea, resaltando sus puntos débiles y las líneas de actuación que deben orientar la actuación de los poderes públicos en los próximos años.
Con ello, se pone de relieve, ha añadido el Secretario General, “las posibilidades que la acuicultura europea ofrece al desarrollo y a la creación de empleo en las zonas costeras y fluviales en el marco de la actual situación económica”.
El Secretario General ha destacado su coincidencia con la mayoría de las conclusiones destacadas en el informe, conviniendo principalmente en que “los Estados miembros deben promover medidas de calado para recuperar la competitividad de la acuicultura europea”.
Domínguez ha apuntado la necesidad de mejorar y simplificar los procedimientos administrativos, en cuanto a plazos y costes, para la obtención de las correspondientes autorizaciones, así como asegurar “una perfecta trazabilidad de los productos” en los controles de la importación, y la “garantía de aprovisionamiento de alimentos seguros, sanos y sostenibles”, para mejorar la competitividad de las empresas europeas del sector frente a terceros países.
Carlos Domínguez ha señalado que en la propuesta del nuevo FEMP la acuicultura ha sido “el sector mejor tratado y el único para el que están previstas ayudas para la creación de nuevas empresas y para el incremento de las producciones”.
Este apoyo a la acuicultura se ha visto reforzado considerablemente en la propuesta del Consejo, que introduce nuevas posibilidades de financiación, añadió.
Sin embargo, respecto a la financiación, “la propuesta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo amplía también las posibilidades aunque establece un elevado número de condiciones adicionales que podrían dificultar en gran medida que las empresas accedan a ella”, señaló Domínguez.
Así por ejemplo, establece la imposibilidad de subvencionar operaciones de acuicultura intensiva localizadas en Zonas Marinas Protegidas o de la Red Natura 2000. En ese caso, ha indicado Domínguez, el Ministerio defenderá que dependa de la regulación de cada Estado miembro. En esta misma línea, la imposibilidad de subvencionar operaciones de acuicultura en las que se críen especies exóticas será una medida a la que se opondrá el Ministerio, siempre y cuando no suponga una invasión del medio ambiente.

