APROMAR colaborará con la CNMC para “aclarar las dudas” sobre estas supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado español de la acuicultura

Chiclana de la Frontera 31/10/2017 – La patronal APROMAR se ha pronunciado al respecto del anuncio desde la apertura de una investigación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre prácticas anticompetitivas en el sector de la acuicultura española indicando que “el conjunto de empresas de acuicultura españolas asociadas, cumplimos escrupulosamente con las normas legales en esta materia, somos plenamente conscientes de nuestro espacio legal de actuación y especialmente sensibles a las cuestiones anticompetitivas”.

En este sentido, añaden que “APROMAR, además de como asociación empresarial, está también reconocida como Organización de Productores Pesqueros (OPP-30) por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, además de por la Comisión Europea, lo que le confiere los derechos y obligaciones en su relación con las empresas que se establecen en el Reglamento 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura”.

En base a todo ello, señala APROMAR, “manifestamos que esta organización empresarial es firme defensora del libre mercado y de la leal competencia entre las empresas. Por ello valoramos como positivas todas las actuaciones que la CNMC pueda poner en marcha para evitar prácticas anticompetitivas que afecten negativamente a los mercados”.

“En este sentido, APROMAR colabora y colaborará con total diligencia con la CNMC para aclarar las dudas que puedan haber surgido sobre estas supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado español de la acuicultura”, concluyen en su comunicado.

Cabe recordar que ayer la CNMC dio ha conocer que los días 25, 26 y 27 de octubre han seguido diligencias e inspecciones en varias sedes de empresas que operan en este sector por existir sospechas “de la posible existencia de prácticas anticompetitivas, prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia”.